El anuncio del ministro de Defensa, el general (r) Jorge Eduardo Mora, de poner fin a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) y restablecer el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) abrió un nuevo frente de confrontación política entre el Gobierno y los sectores afines al expresidente Gustavo Petro.
Según explicó el jefe de la cartera de Defensa, la decisión hace parte de una reestructuración de la capacidad operativa de la Policía Nacional para atender disturbios y alteraciones del orden público. Mora aseguró que también serán derogadas varias disposiciones que, en su criterio, limitaron la actuación de la fuerza pública y redujeron su capacidad de respuesta frente a hechos de violencia durante manifestaciones.
El ministro sostuvo que las modificaciones buscan devolver herramientas operacionales a los uniformados, garantizando al mismo tiempo el respeto por los derechos humanos y la aplicación de los estándares internacionales sobre el uso legítimo y proporcional de la fuerza.
La decisión representa un giro frente a la política impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro, cuando el Esmad fue transformado en la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), con un enfoque orientado a privilegiar la mediación y la prevención de la confrontación en escenarios de protesta social.
Como era de esperarse, el anuncio provocó una inmediata reacción de dirigentes y congresistas del petrismo, quienes calificaron la medida como un retroceso en materia de garantías para la protesta social. Desde ese sector se advirtió que el regreso del Esmad podría revivir prácticas ampliamente cuestionadas durante las movilizaciones sociales de años anteriores.
En contraste, sectores políticos de oposición y diversos analistas respaldaron la decisión al considerar que el Estado debe fortalecer la capacidad de la fuerza pública para responder ante bloqueos, actos vandálicos y hechos de violencia que afectan la seguridad ciudadana y la movilidad.
El debate vuelve a poner sobre la mesa uno de los temas más sensibles del país: el equilibrio entre el derecho constitucional a la protesta pacífica y la obligación del Estado de preservar el orden público, proteger a la ciudadanía y garantizar el respeto por los derechos humanos.
