La autonomía universitaria no es patente de corso: 28 episodios de alteración del orden público entre 2025 y junio de 2026 reavivan el debate sobre el ingreso de la Policía al campus.
La Universidad del Valle puso sobre la mesa una discusión que lleva años dando vueltas entre comunicados, disturbios y explicaciones institucionales: la autonomía universitaria no puede convertirse en una frontera invisible donde la ley se queda esperando en la portería.
En respuesta a un derecho de petición del 23 de abril de 2026, Univalle reconoció la gravedad de los hechos violentos y recordó que la investigación criminal, el control del orden público y la judicialización corresponden principalmente a las autoridades competentes. También sostuvo que los disturbios son protagonizados por “actores ajenos” que utilizan el entorno universitario para adelantar acciones violentas.
Pero la propia institución dejó una frase que merece subrayado: “La autonomía universitaria no es un derecho absoluto frente al deber del Estado de proteger la vida”. Además, señaló que la Ley 1801 de 2016 contempla circunstancias en las que la Policía puede ingresar a inmuebles sin orden escrita, y que no necesita autorización de la Dirección Universitaria cuando actúa en casos legalmente habilitados, como la flagrancia o el cumplimiento de una orden judicial.
Por su parte, la Policía reconoce que algunas personas involucradas en disturbios se repliegan al interior del campus, aunque advierte que su actuación está condicionada por el principio de autonomía universitaria. En otras palabras, mientras unos entran a refugiarse, otros se quedan discutiendo hasta dónde llega la autoridad.
Las cifras tampoco son menores: durante 2025 se registraron al menos 15 eventos con afectaciones al orden público, la movilidad y bienes públicos y privados. Entre enero y junio de 2026 se reportaron otros 13. Son 28 episodios que obligan a preguntar si las medidas actuales están funcionando o si el problema sigue pasando de semestre en semestre.
La universidad debe preservar su independencia académica; la Policía, cumplir la ley; y el Estado, proteger la vida y los bienes. Ninguna de esas responsabilidades debería anular a las demás.
Porque una cosa es defender la autonomía universitaria y otra muy distinta es que algunos pretendan convertirla en autonomía para hacer lo que les dé la gana. El campus es para estudiar, investigar y debatir ideas, no para jugar al escondite con la autoridad.
