Cali encabeza el listado de presuntas irregularidades. Una denuncia ante la Fiscalía cuestiona el funcionamiento del sistema de fotodetección y pone en el centro de la controversia al Simit y a la Federación Colombiana de Municipios.
Las cámaras de fotodetección, que para muchos conductores se han convertido en una permanente amenaza para el bolsillo, ahora están bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación. Una denuncia advierte sobre presuntas irregularidades en la imposición de 7,5 millones de comparendos en Colombia entre 2018 y 2024, situación que podría abrir la puerta a la devolución del dinero pagado por más de 1,5 millones de conductores.
La denuncia fue presentada por el abogado Ricardo Ruge Cabrera, quien cuestiona el modelo de operación del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), administrado por la Federación Colombiana de Municipios, bajo la coordinación de su presidente, Gilberto Toro Giraldo.
El señalamiento toma como fundamento los hallazgos divulgados en mayo por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, que anunciaron investigaciones sobre 37 organismos de tránsito por posibles irregularidades en la operación de cámaras de fotodetección.
Cali, en el centro de la controversia
La capital vallecaucana aparece encabezando el listado de ciudades señaladas en esta controversia. Una situación que vuelve a poner sobre la mesa los interrogantes sobre los procedimientos utilizados para imponer las sanciones, la legalidad de las fotodetecciones y las garantías de los ciudadanos frente a este mecanismo.
La discusión no es menor: si las investigaciones y eventuales decisiones judiciales confirman irregularidades que afectaron la legalidad de las sanciones, miles de conductores podrían reclamar la devolución de los recursos pagados.
Por ahora, la denuncia deberá avanzar por los canales judiciales y las presuntas irregularidades tendrán que ser establecidas por las autoridades competentes.
Mientras tanto, millones de conductores esperan respuestas. Porque si las cámaras estaban para vigilar las vías, ahora la lupa tendrá que ponerse sobre quienes administran el negocio de las multas. La pregunta es sencilla: ¿quién responde por la plata de los ciudadanos si se comprueba que las sanciones fueron impuestas irregularmente?




