Colombia atraviesa un momento de alta polarización política luego de las recientes declaraciones del senador Iván Cepeda, quien ha promovido acciones de desobediencia civil, y de las manifestaciones del expresidente Gustavo Petro, quien ha sostenido que Cepeda representa la verdadera conducción política del país y ha calificado al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella como «ilegítimo». Estas afirmaciones han intensificado el debate público y han generado reacciones encontradas entre distintos sectores políticos, sociales y jurídicos.
Analistas advierten que el clima de confrontación podría profundizar la división política y social si las diferencias institucionales no se canalizan por las vías democráticas y legales. Mientras los seguidores de la oposición defienden el derecho a la protesta y cuestionan la legitimidad del nuevo gobierno, otros sectores consideran que este tipo de pronunciamientos contribuyen a elevar la tensión en un país que aún enfrenta profundas fracturas políticas. En medio de este escenario, diversos llamados insisten en la necesidad de preservar el respeto por las instituciones, el Estado de derecho y los mecanismos constitucionales para resolver las controversias, evitando que la confrontación política derive en nuevos episodios de conflictividad social.
Colombia conoce demasiado bien el costo de convertir las diferencias políticas en enemistades irreconciliables. Desde la llamada Patria Boba (1810-1816), pasando por las guerras civiles del siglo XIX, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 que desencadenó El Bogotazo, la época conocida como La Violencia, el surgimiento de las guerrillas, el paramilitarismo y el narcotráfico, el país ha pagado un alto precio cada vez que el debate democrático ha cedido espacio a la confrontación. La historia demuestra que cuando el lenguaje político abandona los argumentos y se instala en la deslegitimación del adversario, el ambiente social tiende a deteriorarse.
