Tribunal ordena devolver más de $84.752 millones a entidades territoriales por excedentes y rendimientos del sistema de multas de tránsito
La plata de las multas de tránsito no solo servía para castigar al conductor que se pasaba el semáforo, estacionaba donde no debía o acumulaba comparendos. Ahora también se convirtió en el centro de una pelea jurídica que deja una pregunta en el aire: ¿quién terminó manejando el dinero de las multas y bajo qué reglas?
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Federación Colombiana de Municipios restituir a las entidades territoriales más de $84.752 millones, correspondientes a excedentes operacionales y rendimientos financieros derivados de la administración del Sistema Integrado de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).
La decisión fue adoptada al resolver una acción popular promovida por la Alcaldía Mayor de Bogotá contra la Federación, relacionada con la administración del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito.
En términos sencillos: mientras a los ciudadanos les llegaban los comparendos con la velocidad de una fotomulta, el dinero también estaba produciendo rendimientos. Y el Tribunal determinó que esos recursos deben regresar a las entidades territoriales.
La decisión pone bajo la lupa el manejo financiero de los recursos asociados al SIMIT y abre un capítulo incómodo para la Federación Colombiana de Municipios: los excedentes y rendimientos no pueden quedarse estacionados donde no corresponde.
Ahora viene la parte menos divertida: hacer las cuentas, identificar cuánto corresponde a cada entidad territorial y garantizar que los recursos efectivamente regresen a sus destinatarios.
Porque en Colombia hasta las multas tienen intereses. La diferencia es que, esta vez, los intereses también están cobrando protagonismo.
La decisión representa además un llamado de atención sobre la administración de recursos públicos y sobre la necesidad de que los sistemas que recaudan dinero en nombre de los municipios tengan absoluta claridad sobre su manejo, destinación y rendimientos.
Moraleja: al conductor le pueden cobrar por excederse en la velocidad, pero a los administradores de los recursos públicos también les toca responder cuando los números se pasan de la raya.
