Hay quienes dicen que cuando las urnas hablan, lo sensato es escucharlas. Pero parece que algunos todavía siguen buscando un «plan B»… o un «plan C».
Ahora el abogado y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, presentó una medida cautelar de urgencia ante el Consejo de Estado para impedir la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia el próximo 7 de agosto, al considerar que es «indigno» de ejercer el cargo y que sus declaraciones promueven la violencia y hacen apología al delito.
Lo curioso es que, para algunos, ya parece una búsqueda desesperada de cualquier argumento que sirva para frenar la posesión. Hay quienes, con humor, comentan que el siguiente paso será revisar si el presidente electo tiene una multa de tránsito sin pagar, si olvidó renovar el SOAT, si aparece reportado en Datacrédito o si alguna vez se coló en la fila del supermercado o Transmilenio o si dejo de pagar una cuenta en un bar o discoteca de Barranquilla
La sensación es que, agotadas las batallas en las urnas y los estrados, ahora se intenta ganar en los escritorios lo que no se consiguió en las elecciones.
La justicia tiene la última palabra y será el Consejo de Estado quien decida sobre la solicitud. Mientras tanto, la pregunta queda en el aire: ¿se trata de un legítimo recurso jurídico o del último intento por cambiar, en los tribunales, el resultado que ya entregaron los ciudadanos?
Porque una cosa es acudir a las herramientas legales que ofrece la democracia y otra muy distinta es dar la impresión de que, cuando el marcador no favorece, siempre se quiere jugar un tiempo de reposición… hasta que cambie el resultado.
