Drones, cámaras con reconocimiento facial y la construcción de 10 cárceles hacen parte del plan que la Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada de Colombia (Confevip) presentará al Gobierno nacional para reforzar la seguridad en el país durante el período 2026-2030.
La propuesta contempla cinco ejes de acción que buscan integrar tecnología, vigilancia privada, protección de infraestructura y seguridad digital, con el propósito de fortalecer las labores de prevención y apoyar a las autoridades dentro de las competencias establecidas por la legislación colombiana.
El presidente de Confevip, Miguel Ángel Díaz, aseguró que la seguridad requiere la participación coordinada de distintos sectores y destacó la presencia territorial, la capacidad operativa y los recursos tecnológicos de las empresas privadas de vigilancia.
“Estamos convencidos de que la seguridad requiere la participación coordinada de todos los sectores”, afirmó Díaz, quien señaló que el sector cuenta con personal capacitado y herramientas que podrían contribuir a las estrategias de protección.
Tres anillos para eventos masivos
Una de las primeras iniciativas plantea la articulación entre la Policía Nacional y las empresas de vigilancia privada en conciertos, partidos de fútbol, espectáculos culturales y otros eventos con alta concentración de personas.
El modelo propone establecer tres anillos de seguridad, con funciones diferenciadas de prevención, control y protección, para mejorar la coordinación operativa y reducir riesgos en espacios multitudinarios.
El plan también contempla el uso de drones, sistemas de videovigilancia con reconocimiento facial y herramientas de protección digital, además de la construcción de 10 establecimientos carcelarios como parte de una estrategia más amplia frente a la criminalidad.
La propuesta de Confevip será llevada al Gobierno nacional para su análisis. Su eventual implementación dependerá de las decisiones oficiales, los recursos disponibles, los controles institucionales y el cumplimiento de las normas que regulan la vigilancia privada y el tratamiento de datos personales.
Mientras el sector privado ofrece tecnología y músculo operativo, el debate queda servido: ¿la seguridad del país necesita más ojos electrónicos, más cárceles o una coordinación efectiva que permita convertir las propuestas en resultados?
