El nuevo Gobierno asegura haber encontrado una millonaria contratación de última hora en la entidad creada durante la administración de Gustavo Petro. Una sola empresa habría concentrado contratos por más de $171.000 millones.
La polémica vuelve a instalarse en el Ministerio de la Igualdad. La administración del presidente Abelardo De La Espriella anunció una revisión de más de 60 contratos suscritos en la recta final de la anterior administración, cuyo valor, según el Gobierno, rondaría los $469.000 millones.
El anuncio fue realizado por el vocero gubernamental Miller Soto, quien aseguró que la nueva administración emprendió una revisión de la estructura administrativa y contractual de la entidad, con el propósito de reducir gastos y detectar posibles irregularidades.
“Recuperamos más de 20 mil millones anualizados”, afirmó Soto, al explicar que esos recursos, según el Gobierno, podrían representar el equivalente a unos 6.600 auxilios de arrendamiento para familias damnificadas.
Adiós a viceministerios y cargos directivos
Dentro del paquete de medidas anunciadas está la eliminación de los cinco viceministerios, decisión que representaría un ahorro estimado de $1.500 millones anuales.
El Gobierno también anunció que eliminará más de 40 cargos directivos, con un ahorro calculado en unos $12.000 millones al año.
Pero la tijera no termina ahí. La administración aseguró que desmontará cinco de los ocho pisos que actualmente se encuentran arrendados, lo que permitiría ahorrar más de $2.000 millones anuales.
Una empresa concentraba $171.000 millones
Uno de los datos que más llamó la atención fue el relacionado con la concentración contractual. Según el vocero del Gobierno, una sola empresa tenía asignados más de $171.000 millones, mientras que durante el año anterior apenas se habría ejecutado cerca del 5 % de la inversión.
Además, el Ejecutivo confirmó la salida del director de FonIgualdad y anunció una revisión de los contratos considerados de última hora.
Ahora la lupa queda puesta sobre esos negocios: qué se contrató, con quién, cuánto se ejecutó y si los recursos realmente terminaron beneficiando a las poblaciones que debía atender el Ministerio.
Por ahora, el Gobierno habla de una millonaria “contratitis” que será sometida a revisión. Las conclusiones definitivas dependerán de los resultados de las verificaciones contractuales y fiscales que se adelanten.
