La política colombiana volvió a demostrar que en el Congreso las alianzas duran lo que dura una votación. La nueva pelea dentro del Pacto Histórico estalló luego de que cinco representantes de esa colectividad respaldaran una proposición en la Comisión de Investigación y Acusación para retirar de la Fiscalía General de la Nación los expedientes relacionados con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Los congresistas señalados son David Alejandro Toro, María del Mar Pizarro, Heráclito Landínez, Jorge Bastidas y Gabriel Becerra, cuyos votos a favor de la iniciativa provocaron molestia entre sectores de la izquierda y, particularmente, en el entorno del senador Iván Cepeda.
La controversia no es menor. Los expedientes mencionados están relacionados con investigaciones sobre hechos de extrema gravedad, entre ellos las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
Y ahí es donde la discusión se pone caliente: la Comisión de Acusación arrastra desde hace años una reputación de lentitud, burocracia e investigaciones que parecen caminar con freno de mano. Por eso, para los críticos de la decisión, trasladar allí estos expedientes podría terminar convirtiéndose en un auténtico cementerio de investigaciones.
Desde sectores del Pacto Histórico ya se escuchan voces de rechazo, pues consideran contradictorio que representantes de una coalición que durante años ha reclamado justicia y verdad terminen respaldando una decisión que, según sus críticos, podría favorecer la dilación de procesos contra Uribe.
La ironía política está servida: los que ayer exigían que los expedientes no durmieran el sueño de los justos, hoy podrían estar ayudando a cambiarles de cama.
Y mientras la izquierda se pregunta quién cambió de bando, en los pasillos del Congreso seguramente alguien ya está buscando la explicación más colombiana de todas: “yo voté, pero no fui yo”.
