La anunciada revisión del Código Nacional de Tránsito comienza a moverle el piso a un negocio que, durante años, ha girado alrededor de multas, comparendos, inmovilizaciones, patios y recaudos. Y esta vez, los que podrían terminar con el bolsillo frenado son precisamente algunos particulares que participan en este millonario engranaje.
El presidente Abelardo De la Espriella ordenó revisar las reglas del tránsito y pidió que cualquier modificación tenga en cuenta la realidad económica y social del país. La instrucción abre la puerta a revisar un sistema que muchos conductores consideran más preocupado por cobrar que por prevenir.
El debate toca directamente el modelo mediante el cual particulares intervienen en servicios relacionados con la inmovilización y custodia de vehículos, patios y gestión de comparendos y recaudos. Si las nuevas reglas cambian las condiciones actuales, algunos de estos operadores podrían ver reducido un negocio que ha tenido en las sanciones y en los vehículos inmovilizados una de sus principales fuentes de ingresos.
Y ahí es donde comienza el verdadero trancón.
Porque mientras al ciudadano le llega el comparendo, el vehículo termina en el patio y la cuenta sigue creciendo, ahora aparece la pregunta incómoda: ¿el sistema está diseñado para mejorar la seguridad vial o para que algunos hagan caja cada vez que alguien pisa la raya?
La revisión podría convertirse entonces en una especie de prueba de frenos para el negocio de las multas. Si el Gobierno pisa el acelerador de la reforma, habrá empresarios que tendrán que buscar otra vía para llegar a fin de mes.
La discusión apenas comienza, pero el mensaje presidencial ya genera ruido: el Código de Tránsito podría pasar del “pague y siga” a una revisión de fondo sobre quién cobra, cuánto cobra y por qué cobra.
Por ahora, los conductores miran el retrovisor con expectativa y algunos empresarios, seguramente, ya están buscando dónde estacionar sus preocupaciones.
