Dicen que en política no hay almuerzo gratis, y mucho menos procesos que queden sin revisar. La Procuraduría abrió indagación contra Iván Velásquez, Danilo Rueda y otros exfuncionarios por su presunta participación en las cuestionadas negociaciones con el Clan del Golfo, un episodio que prometía construir puentes hacia la paz, pero que hoy parece conducir a los despachos disciplinarios.
El panorama cambió de manera drástica. Lo que para unos era una apuesta audaz por el diálogo, para otros terminó pareciendo un negocio mal cuadrado, donde las explicaciones ahora tendrán que ser más convincentes que los comunicados oficiales.
Como suele ocurrir en Colombia, las mesas de negociación terminaron convertidas en mesas de investigación. Y mientras unos defendían la llamada «paz total», otros aseguran que algunos confundieron el diálogo con una concesión que terminó generando más preguntas que respuestas.
Por ahora, la Procuraduría no está condenando a nadie; simplemente abrió una indagación para establecer si hubo actuaciones disciplinariamente reprochables. Sin embargo, el solo hecho de que los protagonistas de aquellas negociaciones tengan ahora que responder ante los organismos de control demuestra que el libreto cambió de género: pasó del discurso de la reconciliación al de las explicaciones.
Porque en Colombia los negocios políticos tienen una curiosa costumbre: empiezan con ruedas de prensa, siguen con aplausos… y muchas veces terminan haciendo fila frente a un despacho judicial.
