El Gobierno restableció la eficacia de los permisos individuales vigentes. No habrá permiso para todos: quien ya tenga autorización podrá volver a hacerla valer, siempre que no exista impedimento legal o judicial.
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella movió una de las fichas más sensibles de su política de seguridad: levantó la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.
La decisión quedó consignada en el Decreto 1368 de 2026, expedido por el Ministerio de Defensa, mediante el cual se restablece la eficacia de los permisos individuales que se encuentren vigentes.
En otras palabras, quienes ya cuentan con un permiso válido no tendrán que empezar nuevamente el trámite para obtener una autorización, siempre que sobre ese permiso no pese una cancelación individual, revocatoria, vencimiento, prohibición legal o decisión judicial que impida su utilización.
La medida marca un giro frente a la política de suspensión general que había restringido la efectividad de estos permisos. El Gobierno sostiene así una postura que pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre seguridad ciudadana, legítima defensa y control de las armas.
Pero que nadie saque conclusiones apresuradas: levantar la suspensión no equivale a repartir armas como si fueran volantes en campaña política. El decreto no convierte automáticamente a los colombianos en portadores autorizados; la posibilidad de portar un arma continúa dependiendo de contar con el respectivo permiso vigente y de cumplir las condiciones establecidas por la ley.
La decisión seguramente abrirá una nueva batalla política. Para unos, recuperar la eficacia de los permisos significa dar herramientas de defensa a ciudadanos legalmente autorizados. Para otros, puede representar un riesgo adicional en un país donde la violencia y el tráfico ilegal de armas siguen siendo problemas de enorme gravedad.
El mensaje del Gobierno es claro: el permiso que estaba suspendido vuelve a tener dientes.
Ahora el verdadero desafío será que el Estado mantenga el control sobre quién puede portar un arma, bajo qué condiciones y con qué responsabilidades. Porque una cosa es levantar una suspensión y otra muy distinta es levantar la guardia.
