Abelardo de la Espriella advierte al Congreso: presiones, contratos y cargos como moneda de cambio serán castigados. Promete mano dura contra los acuerdos por debajo de la mesa.
El presidente Abelardo de la Espriella lanzó una advertencia al Congreso que, de cumplirse, podría dejar a más de uno contando los votos… y revisando las cuentas. Según afirmó el 15 de octubre de 2026, en su Gobierno no habrá espacio para presiones indebidas ni para repartir cargos, contratos o recursos públicos a cambio de respaldo político.
El mandatario le encomendó al ministro del Interior, Rodrigo Lara, informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.
«Esa práctica no tendrá cabida en mi gobierno y será castigada con toda severidad», aseguró, al referirse a los intentos de convertir la interlocución política en un mercado de puestos, contratos y dinero público.
La advertencia tiene su veneno: en Colombia, las relaciones entre Gobierno y Congreso suelen caminar por una delgada línea entre la negociación legítima y el intercambio de favores. Una cosa es construir mayorías para sacar adelante proyectos y otra muy distinta es ponerle precio al voto, como si la democracia tuviera tarifa por sesión.
De la Espriella aseguró que cualquier solicitud improcedente o presión deberá hacerse pública y llegar a conocimiento del Ministerio del Interior. La promesa suena contundente, aunque el verdadero examen no estará en el micrófono, sino en los hechos.
Porque en la política colombiana la palabra mermelada lleva años en el menú, incluso cuando cambian los cocineros y se renueva la carta. Ahora falta comprobar si el nuevo Gobierno cerrará la cocina o simplemente cambiará la receta.
La pregunta queda servida: ¿se acabará el trueque político o tendremos otra temporada de discursos sin factura y acuerdos sin recibo? El Congreso y el Gobierno tendrán la respuesta; los ciudadanos, el derecho a exigirla.
