El Gobierno de Abelardo De la Espriella decidió subir el tono de su política penitenciaria y anunció el fin de lo que considera “zonas de confort” dentro de las cárceles colombianas. La primera señal llegó con el traslado de 20 personas privadas de la libertad desde Barranquilla hacia Bogotá, bajo una directriz presidencial que busca endurecer las condiciones de seguridad y cortar posibles redes de mando criminal desde los establecimientos penitenciarios.
El propio presidente publicó un video en el que se observa a los internos con el cabello cortado y uniformes penitenciarios, acompañando las imágenes con un mensaje contundente: “Fin a las zonas de confort”.
La medida recuerda el estilo de política penitenciaria aplicado en El Salvador durante el gobierno de Nayib Bukele, aunque cualquier aplicación en Colombia deberá ajustarse al ordenamiento jurídico nacional y a las garantías fundamentales de las personas privadas de la libertad.
La orden impartida al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) establece que, una vez los internos lleguen a Bogotá, serán distribuidos en diferentes establecimientos penitenciarios del país durante los próximos quince días.
Desde el Gobierno se plantea la medida como parte de una estrategia para recuperar el control efectivo de las cárceles y evitar que los centros penitenciarios continúen funcionando como plataformas desde las cuales algunos delincuentes puedan mantener comunicación con sus organizaciones criminales.
De la Espriella dejó clara su posición frente a los traslados y aseguró que su Gobierno no está dispuesto a negociar con delincuentes, enviando un mensaje de endurecimiento frente al manejo de los privados de la libertad.
La nueva política promete generar una fuerte discusión política y jurídica. Mientras el Gobierno sostiene que llegó la hora de recuperar la autoridad dentro de las cárceles, sectores críticos seguramente exigirán que la denominada mano dura no termine convirtiéndose en mano por fuera de la ley.
Por ahora, el mensaje presidencial es inequívoco: se acabaron las comodidades, los privilegios y las cárceles convertidas en oficinas externas de las organizaciones criminales. El Gobierno quiere que la prisión vuelva a significar, literalmente, estar preso
