La iniciativa busca modificar el artículo 34 de la Constitución para permitir, de manera excepcional, la prisión perpetua revisable en los casos de mayor gravedad contra niños, niñas y adolescentes.
Una vieja causa vuelve a tocar las puertas del Congreso. La representante Nataly Vélez presentó nuevamente un proyecto de acto legislativo que busca establecer la prisión perpetua revisable para adultos condenados por delitos sexuales y homicidios contra menores de edad, cuando se trate de hechos considerados de especial gravedad.
La iniciativa, que Vélez impulsa desde 2016, plantea modificar el artículo 34 de la Constitución Política para permitir esta máxima sanción bajo condiciones excepcionales que serían determinadas posteriormente por la ley.
“Quien viola o asesina a un niño debe recibir la máxima sanción. Este proyecto responde con firmeza, dentro de la Constitución, a las víctimas y sus familias”, sostuvo Vélez al presentar la propuesta.
Las cifras que sustentan el proyecto
De acuerdo con los registros de la Policía Nacional citados en la iniciativa, durante 2025 se reportaron cerca de 10.000 delitos sexuales contra menores de edad, lo que representa aproximadamente 27 casos diarios, uno cada 53 minutos.
El proyecto también señala que se registraron cerca de 540 homicidios de niños, niñas y adolescentes, equivalente a aproximadamente un caso cada 16 horas.
Para sus promotores, estas cifras evidencian la necesidad de fortalecer las herramientas de protección de los menores y establecer sanciones más severas frente a los delitos de mayor impacto.
¿A quiénes aplicaría?
La prisión perpetua revisable estaría dirigida exclusivamente a adultos condenados por homicidio doloso, acceso carnal violento y acceso carnal contra persona puesta en incapacidad de resistir o incapaz de resistir, cuando la víctima sea menor de edad y el caso revista especial gravedad.
La propuesta no plantea una aplicación automática de la prisión perpetua, sino que busca que sea una pena excepcional y revisable, bajo los parámetros que establezca la legislación.
El proyecto abre nuevamente uno de los debates más sensibles del país: hasta dónde debe llegar el Estado en el castigo de quienes cometen los delitos más graves contra los niños y adolescentes, y cómo equilibrar la protección de los menores con los principios constitucionales y las garantías fundamentales
