El Gobierno del presidente Gustavo Petro retiró del servicio activo a 326 integrantes de las Fuerzas Militares entre abril y junio de 2026, según una revisión de resoluciones oficiales. La mayoría de las salidas se produjo mediante la figura administrativa de llamamiento a calificar servicios, un mecanismo legal que ha despertado cuestionamientos entre expertos y sectores castrenses por la forma en que estaría siendo aplicado.
De acuerdo con el análisis de los actos administrativos, el volumen de retiros en un periodo de apenas tres meses no tiene precedentes recientes, lo que ha generado inquietud sobre sus posibles efectos en la estructura de mando y la capacidad operativa de las Fuerzas Militares.
Juristas especializados en derecho militar y oficiales en uso de buen retiro consultados por distintos medios han señalado que, si bien el llamamiento a calificar servicios está contemplado en la legislación colombiana, su utilización debe responder a criterios objetivos relacionados con las necesidades institucionales y no convertirse en un mecanismo discrecional que afecte la estabilidad de la carrera militar.
Los expertos advierten que una aplicación masiva de esta figura podría generar incertidumbre entre el personal uniformado y tener repercusiones en la continuidad de procesos estratégicos, la experiencia acumulada y la cadena de mando dentro del Ejército.
Por su parte, el Gobierno ha sostenido que los movimientos hacen parte de las facultades legales del Ejecutivo para reorganizar la cúpula y el personal de las Fuerzas Militares, en el marco de las políticas de administración del talento humano y de fortalecimiento institucional.
El incremento en los retiros ha abierto un debate sobre el equilibrio entre las competencias del Gobierno para renovar el mando militar y la necesidad de preservar la estabilidad, la experiencia y la confianza dentro de las Fuerzas Militares, en un contexto marcado por desafíos en materia de seguridad en distintas regiones del país.
