Después de meses de espera, presiones jurídicas y llamados de atención institucionales, la Mesa Directiva del Concejo de Cali finalmente expidió la resolución que convoca el proceso para elegir al nuevo Contralor General de la ciudad. Lo curioso es que, según comentan los observadores más atentos, faltó poco para que el Consejo de Estado redactara la convocatoria, la imprimiera y la llevara personalmente al Concejo para su firma.
La demora fue tan notoria que tuvo que intervenir la justicia contenciosa y la Procuraduría abrió investigación disciplinaria para que el proceso comenzara a moverse. Como quien dice, hubo que encender todas las alarmas para que apareciera la voluntad administrativa.
Ahora que la convocatoria salió a la luz, surgen nuevas preguntas. El proceso será acompañado por la Universidad de Pamplona, institución que también estuvo vinculada al cuestionado y fallido proceso del año anterior, episodio que terminó convertido en un dolor de cabeza jurídico y político para la ciudad.
Y es ahí donde aparecen los murmullos de pasillo, las cejas levantadas y las preguntas incómodas. Si el libreto anterior terminó enredado, ¿por qué volver a contratar a quienes participaron en aquella función? ¿Se trata de una segunda oportunidad institucional o de una secuela que nadie pidió?
Desde distintos sectores se reclama absoluta transparencia, especialmente porque la Contraloría es precisamente la entidad encargada de vigilar el uso de los recursos públicos. Resulta difícil pedir confianza cuando algunos ciudadanos sienten que el proceso avanza entre sombras, sospechas y viejos conocidos.
