La Comisión de Acusación volvió a demostrar que en Colombia sirve más como sala de espera de la impunidad que como tribunal de control político. Porque si ni siquiera puede aplicar una medida cautelar frente a los desmanes de un aforado, entonces la pregunta cae por su propio peso: ¿para qué carajo existe? ¿Para tomar tinto, archivar expedientes y recordar que aquí al presidente solo le pueden hacer control… pero visual, y ojalá ni muy feo lo miren?
La decisión de la presidenta de la Comisión, Gloria Arizabaleta, de suspender temporalmente cualquier intento de frenar al jefe de Estado dejó claro que en Colombia el presidente parece venir con garantía extendida, vidrio blindado y una coraza constitucional a prueba de críticas, demandas y hasta sentido común. No importa si sus declaraciones chocan contra la ley, la institucionalidad o la Constitución; al final todo termina convertido en un elegante “eso no procede”.
Mientras tanto, en países vecinos como Perú y Ecuador los congresos han demostrado que el poder presidencial no es un cheque en blanco firmado con tinta sagrada. Allá, cuando un mandatario cruza ciertas líneas, el Legislativo actúa y recuerda que la democracia también implica consecuencias. Aquí no: aquí pareciera que la Comisión de Acusación funciona como un spa jurídico donde los procesos entran tensos y salen completamente relajados.
La ironía colombiana es brutal: tenemos una Comisión de Acusación que acusa poco, sanciona menos y protege mucho. Un organismo que termina siendo más decoración institucional que mecanismo real de control. Porque si al presidente no se le puede investigar, limitar ni siquiera mirar atravesado, entonces ya no hablamos de equilibrio de poderes sino de un club VIP donde algunos tienen fuero… y otros apenas el derecho a indignarse.
