Se estima que en Colombia cerca de 200.000 personas se dedican al trabajo sexual, siendo la mayoría mujeres adultas.
En Cali, el gremio supera las 5.800 trabajadoras sexuales —incluyendo mujeres cisgénero y trans—, quienes enfrentan precarias condiciones: más del 50% carece de afiliación al sistema de salud y vive en arriendo.
El panorama laboral de esta población se caracteriza por la alta informalidad y la inestabilidad habitacional. Al no contar con un contrato laboral formal ni garantías, la mayoría de estas personas subsisten bajo la modalidad de arriendo y no logran cotizar a salud o pensión.
En el caso específico de las mujeres trans en el Valle del Cauca, los estudios señalan que una alarmante mayoría depende de ingresos diarios para el sustento básico, lo que les impide acceder a una vivienda propia o a servicios de salud estables.
Además de la falta de cobertura en salud y las dificultades para acceder a una vivienda digna, el ejercicio de esta actividad en las calles de la capital vallecaucana está marcado por el estigma y la violencia. Organizaciones locales y defensores de derechos humanos han advertido sobre los peligros a los que se exponen quienes ejercen la prostitución, incluyendo agresiones físicas y el constante riesgo de caer en redes de trata de personas.
Ante este contexto, distintos colectivos y fundaciones hacen un llamado al Estado para implementar rutas integrales de atención que garanticen los derechos fundamentales de esta población, priorizando el acceso a vivienda, la inclusión en el sistema de seguridad social y la prevención de la violencia de género
