Se acabó, al menos en el papel, la época en la que algunos manifestantes podían cubrirse el rostro, protagonizar actos vandálicos y luego desaparecer entre la multitud. Los representantes a la Cámara Julio César Triana, de Cambio Radical, y Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, junto con otros congresistas, radicaron un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra quienes participen en manifestaciones públicas ocultando su identidad y cometiendo actos vandálicos.
La iniciativa propone modificar el Código Penal para crear una conducta específica relacionada con el vandalismo cometido durante protestas, reuniones, movilizaciones o concentraciones públicas, cuando el responsable se aproveche del ocultamiento de su identidad.
Según el texto radicado, quienes sean encontrados responsables podrían enfrentar penas de entre 54 y 96 meses de prisión, es decir, entre cuatro años y medio y ocho años, además de multas que oscilarían entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El proyecto pone nuevamente sobre la mesa una vieja discusión nacional: una cosa es protestar y otra muy distinta es aprovechar una movilización para destruir, atacar o causar daños mientras el rostro queda convenientemente fuera de cámara.
La propuesta seguramente abrirá un fuerte debate en universidades y sectores sociales, especialmente porque los llamados “capuchos” han sido una figura recurrente en disturbios registrados en algunas instituciones de educación superior.
Sus promotores sostienen que la protesta social es un derecho, pero que ese derecho no puede convertirse en patente de corso para cometer delitos. Sus críticos, por su parte, tendrán que revisar si la iniciativa establece con suficiente claridad los límites entre la protesta legítima y las conductas que realmente constituyen delito.
Por ahora, el mensaje político es directo: protestar no sería el problema; esconderse para delinquir, sí.
La discusión apenas comienza y el proyecto tendrá que superar el trámite legislativo antes de convertirse en ley.
Porque en Colombia, por ahora, el capucho sigue teniendo fuero de misterio… pero sus promotores quieren que, al menos cuando haya vandalismo, también tenga que responder por sus actos.
