Luego de la decisión tomada por la justicia especial para la paz, sobre los 8 integrantes del secretariado de la extinta guerrilla de las farc, se desato en el país, una fuerte polémica sobre el futuro de los actuales congresistas del partido farc, ahora de los comunes y la continuidad del proceso de paz.
Según el presidente de la republica, Iván Duque la justicia en Colombia se debe aplicar con el mismo rasero para todo el mundo, por otra parte los defensores del acuerdo de paz entre gobierno y farc, entre ellos el expresidente Juan Manuel Santos, considera que en el acuerdo quedaron establecidos los beneficios para quienes se desmovilicen y participen con justicia, verdad y reparación, señalando además que las curules no se pierden y los imputados o posiblemente condenados no podrán pagar cárcel
En audiencia virtual la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- imputó a ocho exmiembros del antiguo secretariado de las extintas Farc-EP crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por secuestro, dentro del caso 01, ahora denominado ‘Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad’.
“También tiene responsabilidad de otros crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en relación con los secuestros como homicidio, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado”, agregó la magistrada Julieta Lemaitre, de la Sala de Reconocimiento.
Los responsables de estos hechos son Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos, Rodrigo Granda Escobar y Juan Ermilo Cabrera (quien murió este miércoles, por lo que los procesos en su contra serán cerrados).
La JEP explicó que la responsabilidad individual varía según los cargos de mando asumidos durante el conflicto armado. Y advirtió que si después de 30 días de la emisión del auto los imputados no reconocen los cargos, se abre camino a sanciones propias en las que podrían ser condenados hasta a 20 años de cárcel.
“Con esta providencia que emitimos hoy comienza la producción de decisiones de fondo en la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP tiene el deber de ofrecer verdad a las víctimas y en este caso 01 estamos trabajando por esa tarea de capturar esa verdad para las víctimas”, manifestó el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.
Esta es la primera vez, desde su creación en tres años, que la JEP presenta un auto para determinar hechos y conductas contra excombatientes de las Farc. Y el primer paso para la resolución de conclusiones y los juicios en el tribunal de paz.
El escrito es producto de una profunda investigación de revisión de documentos, análisis de pruebas, de oír los testimonios de las víctimas, los excombatientes, el Ejército, entre otros, para establecer un relato coherente sobre lo que fue este delito durante el conflicto armado en Colombia.
En él, la JEP señala que las extintas Farc realizaron secuestros a gran escala entre 1982 y 2012, con el propósito de financiar sus operaciones a través del pago para obtener la libertad. O que militares y policías fueron privados de su libertad para intercambiarlos por guerrilleros. Y que el trato a estas víctimas fue violatorio de la dignidad humana.
Además, advirtió la JEP que no fue posible precisar el número exacto de víctimas, en la lista tienen 21.396 personas. Cada frente tenía la autonomía de elegir a sus víctimas. Y reseñó también que había voces minoritarias, como la del exjefe Alfonso Cano, fallecido en un operativo en 2011, que se oponía a esa práctica al considerarla “inmoral”.
“La Sala de Reconocimiento estableció la responsabilidad de los antiguos miembros del secretariado de las Farc-EP por las órdenes de secuestrar que dieron, así como por su omisión de control de los malos tratos que padecieron las víctimas. (..) Y ha determinado que la gravedad del trato que vivieron las víctimas se presentó, en algunos casos, con independencia de su condición como civiles o miembros de la fuerza pública”, añadió Lemaitre.
Los responsables de estos hechos deben, además, entregar a la Sala de Reconocimiento de la JEP y a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), en un término de 30 días, la información disponible sobre las personas desaparecidas que aún no han sido identificadas, para poder localizarlas.
En este mismo tiempo, los ocho miembros del antiguo secretariado de las Farc-Ep tendrán una audiencia para hacer un reconocimiento de responsabilidad ante la JEP, las víctimas y la sociedad, para ver si aceptan los crímenes por los que se les señala o no.
Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo plazo para reaccionar frente a lo determinado en el Auto. Después de ese tiempo, la JEP decidirá si fija una fecha para una Audiencia de Reconocimiento, al considerar que hay reconocimiento y aporte a la verdad plena.
La magistrada Lemaitre también aseguró que “a esta decisión sobre el secretariado se sumarán en el año otras decisiones en las que se determinará la responsabilidad de los mandos medios y los ejecutores directos”.
¿Qué significa esta decisión?
En entrevista con Señal de la Mañana, de Radio Nacional de Colombia, Carlos Henao, rector de la Universidad Externado y uno de los constructores del texto de justicia transicional en el marco de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, hizo un análisis sobre lo que significa esta primera decisión de la JEP.
“Esta es la decisión, de lejos, más importante que ha producido la JEP desde su fundación. Esto no es gratuito, detrás de esta decisión hay un trabajo monumental. Y con ella le puede mostrar a Colombia que la JEP si está funcionando, que la JEP si está imputando, e imputando con seriedad, con unos sustentos que vienen de hace tres años y con la ayuda, entre otras, de la Fiscalía General de la Nación”, expresó.
El académico resaltó que la importancia de la JEP no solo radica en comprobar la responsabilidad de las extinta Farc en el delito, sino que los compromete a decir la verdad. Y explicó que la JEP hará imposición de sanciones: en caso de que haya un reconocimiento de la verdad impondrá entre 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad.
“En caso de que no haya reconocimiento de verdad o la sala considere que fue deficiente, que no fue integral, que no fue realmente un reconocimiento sincero en esa hipótesis, se les va a acusar ante una especie de “fiscalía” que hay al interior de la JEP para que les hagan un juicio de controversia, un juicio de debate, donde los pueden terminar sancionando con 20 años de prisión”, aclaró Henao.
Y agregó para concluir: “Mis felicitaciones a la JEP. Yo creo que demostró el gran esfuerzo y el gran trabajo que viene haciendo desde hace tiempo y supera con los hechos unas críticas muy injustas que se le han hecho”.
