Un cobro de $4.235 por tonelada de carga enfrenta al Distrito con los gremios transportadores. La medida podría generar más de $30.000 millones anuales, pero advierten que encarecería la logística y afectaría la competitividad del principal puerto del Pacífico colombiano.
La polémica está servida en Buenaventura. El Decreto Distrital 0338 del 26 de agosto de 2026 estableció un cobro de $4.235 por cada tonelada de carga que entre o salga de las terminales portuarias. El Distrito sostiene que se trata de un precio público, no de un impuesto ni de una tasa por congestión, destinado a financiar el mantenimiento, la señalización y el mejoramiento de las deterioradas vías urbanas, castigadas por el tránsito permanente de vehículos pesados.
Sin embargo, la decisión encendió las alarmas de Colfecar, Defencarga y el Comité Intergremial del Valle, que advierten sobre el impacto económico de la medida. Según sus cálculos, el cobro podría representar aproximadamente $127.050 por trayecto para un tractocamión que transporte 30 toneladas, tomando como referencia la tarifa establecida. El resultado, advierten, sería un incremento en los costos logísticos, presiones sobre los precios de los productos y una posible pérdida de competitividad para el puerto, por donde pasa más del 44 % del comercio exterior colombiano, según las cifras citadas en el debate.
Las cuentas también despiertan interrogantes. Si por Buenaventura circulan diariamente entre 5.000 y 6.000 tractocamiones, con una capacidad promedio de 35 toneladas, el recaudo potencial podría superar los $30.000 millones al año, dependiendo del volumen efectivamente cobrado y de las condiciones de aplicación del decreto. Se trata de recursos considerables para recuperar la malla vial, pero también de una carga adicional para una cadena logística que termina impactando a empresas, transportadores y consumidores.
La discusión de fondo es quién debe pagar por el deterioro de las vías: ¿los propietarios de la carga, los operadores portuarios, el sector transportador o el conjunto de actores que se benefician de la actividad económica del puerto? Buenaventura necesita vías en buen estado, pero la solución no puede ignorar los efectos económicos de nuevos cobros. El reto del Distrito será demostrar que la medida es jurídicamente sólida, transparente en el recaudo y efectiva en las obras. Porque cobrar por tonelada puede llenar las arcas, pero si termina encareciendo todo lo que se mueve por el puerto, la factura también la pagará el país.
