La senadora del Centro Democrático asegura que acudiría a la justicia al considerar que los proyectos no podrían ser tramitados después del cierre de la actual legislatura.
La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, advirtió que emprenderá acciones judiciales si el Gobierno nacional logra que el Congreso de la República apruebe durante sesiones extraordinarias los proyectos de ley relacionados con la Jurisdicción Agraria y el Ministerio de la Igualdad, iniciativas que enfrentan dificultades jurídicas y legislativas debido al vencimiento de los plazos para su trámite ordinario.
La congresista sostuvo que, una vez concluya la actual legislatura, cualquier intento de revivir o aprobar dichas iniciativas mediante convocatorias extraordinarias podría vulnerar disposiciones constitucionales y reglamentarias del Congreso, razón por la cual anunció que acudiría a las instancias judiciales competentes para controvertir su eventual aprobación.
Las declaraciones de Valencia se producen luego de que el Gobierno manifestara su intención de convocar sesiones extraordinarias con el propósito de salvar dos de los proyectos considerados prioritarios dentro de su agenda legislativa. El primero corresponde a la creación y puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria, contemplada como un mecanismo para resolver conflictos relacionados con la propiedad y el uso de la tierra. El segundo busca garantizar la continuidad jurídica y administrativa del Ministerio de la Igualdad.
Según la senadora, las mayorías legislativas no pueden desconocer los límites establecidos por la Constitución y las normas que regulan el funcionamiento del Congreso. Por ello, insistió en que cualquier aprobación realizada por fuera de los procedimientos establecidos podría terminar siendo anulada por los tribunales.
Desde el Gobierno, entretanto, se ha defendido la convocatoria a sesiones extraordinarias como una herramienta constitucional válida para avanzar en proyectos considerados fundamentales para la implementación de políticas públicas y compromisos institucionales.
El anuncio de posibles demandas anticipa un nuevo pulso político y jurídico entre el Ejecutivo y la oposición, en momentos en que el país atraviesa una etapa de alta tensión política y debate sobre el alcance de las facultades del Gobierno y del Congreso en la recta final de la legislatura.
De concretarse la aprobación de estas iniciativas en sesiones extraordinarias, el debate podría trasladarse de inmediato a los estrados judiciales, donde se definiría la legalidad de los procedimientos adoptados y el futuro de dos de las propuestas más importantes impulsadas por el Ejecutivo.
