Un nuevo capítulo judicial vuelve a sacudir al llamado Gobierno del Cambio. La Fiscalía General de la Nación judicializó a un exviceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez Soto por su presunta participación en irregularidades relacionadas con un millonario contrato para el mantenimiento de helicópteros MI-17, valorado en 32 millones de dólares.
De acuerdo con la Fiscalía, durante el proceso de selección y adjudicación del contrato se habrían presentado presuntas anomalías que favorecieron a una empresa que, según el ente investigador, no cumplía con los requisitos técnicos, jurídicos ni financieros exigidos para ejecutar el acuerdo.
La investigación sostiene que el proceso contractual habría sido orientado para beneficiar de manera indebida a dicha firma, comprometiendo los principios de transparencia, selección objetiva y responsabilidad que deben regir la contratación pública.
El caso se suma a la lista de investigaciones y controversias que han rodeado a funcionarios y exfuncionarios de la actual administración, incrementando la presión sobre el Gobierno frente a los reiterados cuestionamientos por el manejo de los recursos públicos.
Será ahora la justicia la encargada de determinar la responsabilidad del exviceministro y de establecer si, efectivamente, existió una actuación irregular en la adjudicación del contrato, considerado estratégico para el mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17 utilizada por las Fuerzas Militares.
