El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, fue objeto de una orden de arresto por cinco días y una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, luego de que un juez lo declarara en desacato por, presuntamente, incumplir una orden judicial relacionada con la entrega de información sobre presuntos casos de acoso en RTVC. De acuerdo con la decisión judicial, el funcionario no atendió el requerimiento dentro de los términos establecidos, lo que llevó al despacho a imponer las sanciones contempladas por la ley para este tipo de incumplimientos.
El fallo señala que el arresto deberá cumplirse en un centro de reclusión y niega la posibilidad de sustituir la medida por detención domiciliaria. La decisión corresponde a un incidente de desacato dentro de una acción de tutela y, como ocurre en estos casos, puede estar sujeta a los mecanismos de revisión o impugnación previstos por el ordenamiento jurídico. El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales por parte de los altos funcionarios del Estado y la obligación de acatar las decisiones de los jueces.
