27 personas y una cuenta mensual que supera los $765 millones encendieron las alarmas. El presidente Abelardo De La Espriella desconoció la autorización de esos pagos y ordenó reversarlos.
El presidente Abelardo De La Espriella puso freno a la nómina vinculada al Fondo Milagro, luego de cuestionar los millonarios salarios asignados a sus funcionarios y advertir que esos valores no corresponden a la política de austeridad que ha impartido desde el Gobierno.
La cifra que encendió la polémica es considerable: 27 personas vinculadas a través de Fiducoldex representan un costo mensual aproximado de $765,6 millones de pesos. Una nómina que, por sus dimensiones, terminó convirtiéndose en un asunto de discusión sobre el manejo de los recursos destinados a la reconstrucción.
Los salarios reportados muestran diferencias que han generado cuestionamientos:
Gerente del Fondo, Jaime Andrés Uribe: $39.441.454 mensuales.
Cargos directivos: $36 millones mensuales cada uno, entre ellos el secretario privado y los directores de las áreas jurídica, financiera, ingeniería y planeación.
Coordinadores de área: $33 millones mensuales cada uno, distribuidos en 13 divisiones.
Coordinador regional: $30 millones mensuales.
Personal técnico y de apoyo: remuneraciones que oscilan entre $5,8 millones y $18,9 millones mensuales, incluyendo líderes senior, analistas, gestores senior y gestores técnicos.
Frente a este panorama, el mandatario fue contundente y aseguró que nunca autorizó esos recursos.
“Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro NO se compadecen con mi directiva de austeridad. ¡NO LOS AUTORIZO! He ordenado reversar ese despropósito de inmediato”, manifestó.
De La Espriella también defendió la gestión del Fondo Milagro, al señalar que la entidad ha comenzado a ejecutar en tiempo récord acciones de reconstrucción, entrega de viviendas, subsidios y demoliciones necesarias para avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.
Sin embargo, la polémica deja varias preguntas sobre la mesa: ¿Quién estructuró y aprobó esta nómina?, ¿bajo qué criterios se fijaron remuneraciones de hasta $39,4 millones mensuales? y ¿Cuánto dinero se alcanzó a comprometer antes de la orden presidencial?
La discusión apenas comienza. Si el Gobierno habla de austeridad, los organismos responsables tendrán que explicar por qué una nómina de 27 personas cuesta más de $765 millones mensuales.
Porque una cosa es reconstruir un país y otra muy distinta es levantar una nómina que parece tener más pisos que las viviendas que se deben reconstruir.
