Apareció otro capítulo de la novela de los documentos bajo sospecha. La congresista Luz Verónica Estrada quedó en el centro de una denuncia por presuntamente presentar un título de Ingeniería de Minas atribuido a la Universidad de Antioquia, donde ese programa académico no existe, y una tarjeta profesional que también estaría adulterada. ¡A este paso, hasta la universidad podría terminar buscando a su propia egresada!
La lucha contra la corrupción parece tener nuevos episodios y esta vez el asunto no está en los discursos del Congreso, sino en los documentos de una hoja de vida.
La minera Apolo-Sima Soluciones denunció que la congresista Luz Verónica Estrada habría presentado, entre los documentos aportados para su contratación en enero de 2024, un diploma, un acta de grado y una tarjeta profesional presuntamente falsificados.
Según la denuncia, la legisladora acreditó estudios en Ingeniería de Minas de la Universidad de Antioquia, pero existe un detalle que no es precisamente una mina de oro: ese pregrado no existe en dicha institución académica.
El abogado Joseph Rodríguez, representante de la empresa, aseguró que al revisar las bases de datos encontraron los documentos que habrían sido utilizados para acreditar la formación profesional de la congresista. También señaló que la tarjeta profesional encontrada presenta inconsistencias y sería diferente a la que habría sido radicada en la DIAN.
Ante estos hallazgos, la compañía anunció acciones legales y la presentación de una denuncia por presunta falsedad en documento público.
Y aquí es donde el asunto comienza a ponerse interesante: si las denuncias se comprueban, no estaríamos frente a un simple error de digitación, sino ante un cuestionamiento serio sobre la autenticidad de los documentos utilizados para acreditar una profesión y acceder a una contratación.
EL PACTO HISTÓRICO, OTRA VEZ EN EL OJO DEL HURACÁN
El caso también amenaza con salpicar políticamente al Pacto Histórico, colectividad que vuelve a quedar expuesta a cuestionamientos por actuaciones atribuidas a personas vinculadas a su entorno.
Mientras desde los escenarios políticos se levantan banderas contra la corrupción, los organismos competentes tendrán que establecer si los documentos denunciados son auténticos o si alguien pretendió graduarse por cuenta propia, sin pasar por las aulas universitarias.
Porque una cosa es tener aspiraciones políticas y otra muy distinta es graduarse de una carrera que, según la denuncia, ni siquiera ofrece la universidad que aparece en el diploma.
¡NO PARA LA CORRUPCIÓN, PERO TAMPOCO PARA LOS DIPLOMAS DE FANTASÍA!
Ahora les corresponde a las autoridades investigar, establecer responsabilidades y determinar si hubo falsedad documental. La presunción de inocencia debe respetarse, pero la transparencia en las hojas de vida de quienes ocupan cargos públicos no puede quedarse en otro papel archivado.




