El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella presentó su primer balance de seguridad, con cifras que reflejan una ofensiva intensificada contra las principales estructuras armadas y del narcotráfico que operan en diferentes regiones del país.
De acuerdo con el balance, las autoridades reportan 30 integrantes de grupos armados abatidos, 774 capturados y más de 20.000 kilogramos de droga incautados durante las primeras operaciones de la nueva administración.
El jefe de Estado ordenó a las Fuerzas Militares y la Policía incrementar las acciones contra las organizaciones armadas ilegales, con especial énfasis en el combate al narcotráfico y en la recuperación de menores que habrían sido reclutados por estas estructuras.
Uno de los componentes más contundentes de la estrategia ha sido el uso de operaciones aéreas. Hasta el momento, De la Espriella ha autorizado tres bombardeos: uno contra una estructura del ELN en Norte de Santander y otros dos contra disidencias de las FARC, específicamente una facción asociada a ‘Calarcá’ y otra a ‘Mordisco’, en el departamento del Guaviare.
El Gobierno sostiene que la ofensiva busca recuperar el control territorial y golpear las estructuras financieras y militares de los grupos armados. Sin embargo, las operaciones también abren el debate sobre la protección de la población civil y el cumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario, especialmente cuando se desarrollan en zonas donde existe presencia de menores o comunidades vulnerables.
El mensaje de la Casa de Nariño es claro: la política de seguridad de De la Espriella arrancó con el acelerador a fondo, con más presencia militar, operaciones ofensivas y una apuesta por golpear directamente a las organizaciones armadas.
