El proyecto contempla congelar bienes, endurecer penas y crear una lista nacional de organizaciones terroristas. La iniciativa promete golpear las finanzas criminales, pero abre el debate sobre las garantías judiciales y los límites del poder del Estado.
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella alista la presentación ante el Congreso de la República de un nuevo Estatuto Antiterrorista de más de 116 artículos, con el que busca endurecer la persecución penal y financiera contra grupos armados ilegales y organizaciones vinculadas al narcotráfico y al terrorismo. La iniciativa contempla nuevas herramientas para enfrentar estructuras criminales que desafían la seguridad nacional.
Entre las principales propuestas figura la creación del Registro Único Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, una lista que sería definida administrativamente por el Consejo de Seguridad Nacional, sin exigir una condena penal previa. La inclusión podría desencadenar medidas como el congelamiento de bienes, la extinción de dominio, la prohibición de contratar con el Estado y la exclusión de subsidios, según los términos divulgados del proyecto.
El estatuto también plantea crear la figura de un Alto Comisionado contra el Terrorismo, designado por el presidente para un periodo de cinco años; establecer nuevos delitos y endurecer las penas por terrorismo, narcotráfico y minería ilegal. Entre las conductas contempladas estaría la instrumentalización de la población civil, con sanciones que podrían llegar hasta los 18 años de prisión. Además, se proponen condiciones penitenciarias más estrictas y restricciones preventivas a la movilidad, las comunicaciones o la residencia, sujetas a autorización judicial.
La iniciativa prevé, igualmente, que las organizaciones que se sometan de manera efectiva e incondicional a la justicia puedan ser excluidas del registro, de acuerdo con las condiciones que establezca la norma. El mensaje político es claro: golpear las estructuras criminales no solo con operaciones militares, sino también en sus finanzas, sus redes de apoyo y su capacidad de intimidación.
Sin embargo, el desafío será convertir la mano dura en una política eficaz sin abrir la puerta a decisiones arbitrarias. La inclusión en una lista administrativa con consecuencias patrimoniales y contractuales exige garantías de defensa, mecanismos de impugnación y controles judiciales efectivos. El terrorismo necesita una respuesta contundente, pero la seguridad democrática también exige que el Estado actúe dentro de la ley. La verdadera prueba del estatuto estará en su capacidad para desmantelar a los criminales sin sacrificar los derechos de quienes no lo son.
