Cuando nacieron las 16 curules para la paz, la promesa sonaba tan bien que parecía imposible desconfiar: llevar al Congreso la voz de las víctimas, de los territorios olvidados y de quienes durante décadas solo conocieron al Estado por el uniforme de un soldado o el eco de una bala. Cuatro años después, el balance demuestra que entre el discurso y la realidad sigue existiendo un camino lleno de huecos… y varios peajes políticos.
Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), creadas oficialmente en 2021 tras el fallo de la Corte Constitucional que materializó lo pactado en el Acuerdo de Paz de 2016, buscaban que las comunidades más golpeadas por la violencia tuvieran representación propia en la Cámara de Representantes. La intención era noble: que las víctimas hablaran por sí mismas y no a través de los mismos de siempre.
Pero la política colombiana tiene una extraña habilidad para convertir las mejores ideas en competencias de reciclaje. En varias regiones, las maquinarias electorales, los clanes políticos y los viejos cacicazgos encontraron la manera de colarse por una puerta que, en teoría, estaba diseñada para que ellos se quedaran afuera.
Así, algunas curules que debían representar a quienes sobrevivieron al conflicto terminaron orbitando alrededor de intereses tradicionales. Una especie de milagro político: cambiaron el letrero de la oficina, pero varios de los visitantes siguieron siendo los mismos.
A ello se sumó un problema aún más grave: la inseguridad. En departamentos como Cauca, Chocó y Arauca, varios representantes y líderes comunitarios enfrentaron amenazas, presiones y constantes riesgos para ejercer su labor. Paradójicamente, quienes llegaron para representar territorios afectados por la violencia tuvieron que hacer política conviviendo con ella.
El balance tampoco puede calificarse como un fracaso absoluto. Algunas curules impulsaron debates sobre infraestructura rural, derechos de las víctimas, sustitución de economías ilegales y acceso a servicios básicos, llevando al Congreso problemáticas que pocas veces ocupaban la agenda nacional. Sin embargo, esos avances quedaron opacados por las dudas sobre la independencia de algunos representantes y por la percepción de que la política tradicional terminó aprendiendo a hablar el idioma de las víctimas sin dejar de hacer política tradicional.
Ahora comienza el segundo y último periodo legislativo (2026-2030), y el verdadero examen apenas empieza. La ciudadanía espera que estas curules dejen de ser un símbolo para convertirse en resultados concretos. Que representen a las comunidades y no a los padrinos electorales. Que la paz deje de ser un eslogan de campaña y empiece a sentirse en las carreteras, en las escuelas, en los hospitales y en el campo colombiano.
Porque si las curules para la paz terminan capturadas por la misma política que durante décadas ignoró esos territorios, el experimento habrá demostrado una vieja lección nacional: en Colombia no siempre cambian los actores… a veces solo cambia el nombre del escenario.
