Fiscalía cita a gerentes y contadores de Cepeda y Corcho por la financiación de la consulta
Las cuentas de la consulta del Pacto Histórico vuelven a estar en el centro de la escena. La Fiscalía citó a interrogatorio de indiciados a los gerentes y contadores de las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho, en una investigación que busca establecer si los reportes de gastos, créditos y aportes entregados al Consejo Nacional Electoral corresponden a la realidad financiera y contable de las campañas.
La diligencia, programada para el 23 y 24 de septiembre, se produce después de una inspección judicial realizada en la sede del Polo Democrático, donde los investigadores recopilaron documentos y soportes relacionados con la consulta interna del 26 de octubre de 2025.
Entre los citados está Carlos Saúl Garzón Urrea, gerente de la campaña de Cepeda, y Sandra Yurany López Cortés, quien figuraba como contadora. La Fiscalía pretende establecer si existieron posibles irregularidades en la información reportada sobre ingresos, egresos, créditos y aportes.
Y aquí es donde las cuentas empiezan a sacar chispas.
Según los reportes de Cuentas Claras divulgados por el CNE, Cepeda reportó cerca de $964 millones en gastos, mientras que Carolina Corcho reportó aproximadamente $1.428 millones, para un total cercano a $2.393 millones entre las dos campañas.
En el caso de Cepeda, el reporte señala que una parte importante de la financiación correspondió a créditos en especie, incluidos servicios de publicidad. En el caso de Corcho, el reporte registró un préstamo superior a $700 millones proveniente de una empresa dedicada a actividades de comidas preparadas, asunto que ya había generado cuestionamientos públicos y revisión electoral.
Pero hay un dato que pone todavía más picante la historia: el CNE había cerrado en septiembre una actuación administrativa relacionada con la financiación de la campaña de Cepeda, al abstenerse de iniciar una investigación administrativa y ordenar la terminación definitiva de esa actuación. Ahora, la Fiscalía adelanta una investigación penal independiente para determinar si existen responsabilidades frente a los reportes financieros.
Así que el Pacto Histórico tiene ahora sus cuentas bajo dos lupas diferentes. Una cosa es que el CNE cierre una actuación administrativa y otra que la Fiscalía revise si lo reportado coincide con la realidad financiera.
Por ahora no hay condenas ni responsables judicialmente establecidos. La investigación apenas busca determinar qué ocurrió.
Pero políticamente el asunto tiene doble fondo: en campaña todos hablan de votos; cuando llega la hora de cuadrar caja, hasta el último peso empieza a tener memoria.
