En el Concejo de Cali, la elección del Contralor ya parece una película: hay advertencias, tutelas, conceptos jurídicos, jueces, concejales y una silla que nadie logra ocupar
Definitivamente, en Colombia hay normas que parecen hechas para cumplirlas… y otras que algunos entienden como simples sugerencias. Y lo que viene ocurriendo en el Concejo de Cali con la elección del Contralor Distrital bien podría convertirse en tesis de grado, documental, cortometraje o, si el guion sigue empeorando, en película de ficción.
El problema es que no es ficción.
Desde 2025 y durante 2026 se han acumulado denuncias, advertencias, conceptos y decisiones judiciales alrededor de un proceso que, en teoría, debería ser tan sencillo como aplicar las reglas, revisar la terna y votar.
Pero en el Concejo de Cali la famosa silla del Contralor parece tener un poder especial: cada vez que alguien intenta sentarse en ella, aparece un nuevo capítulo jurídico.
La historia tomó un giro adicional con la actuación del consejero de Estado Jorge Edison Portocarrero Banguera, de la Sección Segunda, quien admitió una acción de tutela relacionada con el proceso y ordenó al Concejo de Cali destrabar la elección dentro de un plazo determinado.
La decisión, lejos de poner punto final a la novela, terminó agregando otra temporada al serial.
Y aquí aparece la pregunta del millón —o mejor, de los millones que se encargará de vigilar el próximo Contralor—: ¿cómo puede una elección que tiene reglas previamente establecidas terminar convertida en semejante laberinto jurídico y político?
Primero fue la advertencia… después vino la tormenta
Todo habría comenzado con un control de advertencia, una señal que debió servir para revisar el camino antes de que el vehículo institucional terminara en una cuneta.
Pero la historia siguió.
Después llegaron las denuncias, los cuestionamientos, los conceptos y las actuaciones judiciales. Y mientras tanto, la elección continúa atrapada entre interpretaciones jurídicas, decisiones políticas y procedimientos que parecen avanzar con la velocidad de un semáforo dañado.
El asunto ya no es solamente quién será Contralor.
La verdadera pregunta es qué tan respetadas fueron las reglas del juego por quienes tenían la responsabilidad de aplicarlas.
Porque una cosa es que existan diferentes interpretaciones jurídicas y otra muy distinta es que un proceso de elección termine convertido en un rompecabezas donde nadie parece tener la misma versión del manual de instrucciones.
¿Y los abogados?
Aquí aparece otro interrogante que no debería pasar de agache:
¿Dónde está la Dirección Jurídica del Concejo de Cali?
¿Dónde están los asesores jurídicos de los concejales?
¿Quién les explicó qué podían hacer, qué no podían hacer y cuáles podían ser las consecuencias de equivocarse?
Porque los 21 concejales no llegaron al cargo para aprender derecho constitucional a punta de ensayo y error.
Y si existen advertencias, conceptos y decisiones judiciales alrededor del proceso, la asesoría jurídica deja de ser un adorno institucional y se convierte en una necesidad fundamental.
La silla que pesa más que los 21 votos
El asunto podría terminar teniendo consecuencias políticas y jurídicas para los concejales. Se ha hablado incluso de posibles investigaciones y eventuales sanciones disciplinarias.
Pero hay que hacer una precisión fundamental: no se puede dar por hecho que los 21 concejales serán destituidos, suspendidos o enviados a prisión mientras no existan decisiones definitivas y ejecutoriadas de las autoridades competentes.
Eso sí: el episodio deja a todos bajo una lupa que cada día parece tener mayor aumento.
Y ahí está la paradoja.
El Concejo tiene 21 votos, pero la silla del Contralor parece tener más poder que los 21 juntos.
Porque cuando una elección se demora tanto, genera tantas controversias y termina requiriendo la intervención de jueces, algo dejó de funcionar en el mecanismo.
Entre la ley y el poder
La elección del Contralor Distrital de Cali ya puede resumirse en dos títulos:
“El Contralor: entre la ley y el poder”, o
La silla del Contralor: el poder detrás de los votos”.
Y cualquiera de los dos funciona.
Porque detrás de una elección de Contralor no solamente está el nombre de una persona. Está el organismo encargado de ejercer control fiscal sobre los recursos públicos del Distrito.
Por eso la pregunta no debería ser quién gana la silla, sino si el proceso para llegar a ella respetó las reglas que todos juraron respetar.
Cali necesita un Contralor.
Pero necesita, sobre todo, un proceso de elección que no deje la sensación de que las normas se pueden acomodar según la conveniencia del momento.
Porque si las reglas cambian dependiendo de quién tenga el balón, entonces ya no estamos jugando fútbol institucional.
Estamos jugando “la ley del más votado”.
Y en ese partido, tarde o temprano, el árbitro termina entrando a la cancha.
