La reforma pensional de la Ley 2381 de 2024 vuelve a quedar en el centro de la tormenta política y jurídica, aunque por una razón distinta a la que algunos pretenden instalar.
La pérdida de investidura de Iván Name, relacionada con el escándalo de corrupción de la UNGRD, reabre el debate sobre las actuaciones políticas ocurridas durante el trámite de la reforma, pero no significa, por sí sola, que la Ley 2381 quede automáticamente anulada.
El Consejo de Estado ha examinado la conducta de Name en el marco de la causal de pérdida de investidura por tráfico de influencias debidamente comprobado. Sin embargo, cualquier eventual consecuencia sobre la validez de una ley requiere un análisis jurídico específico y no se desprende automáticamente de la pérdida de investidura.
Y aquí está el verdadero enredo: la reforma pensional ya venía con la camisa puesta para entrar a una nueva batalla jurídica. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-264 de 2026, declaró exequibles varias disposiciones y estableció que buena parte del nuevo sistema pensional entrará en vigencia el 1 de abril de 2027. Al mismo tiempo, ordenó devolver a la Cámara algunos artículos y apartes para subsanar el trámite legislativo.
Es decir, la reforma no está simplemente “caída” ni tampoco tiene el camino completamente despejado. Está en una especie de sala de espera jurídica, con artículos aprobados, otros pendientes de subsanación y una fecha de entrada en funcionamiento fijada para 2027 respecto de las disposiciones declaradas exequibles.
La pregunta política, sin embargo, sigue servida: si las investigaciones por el escándalo de la UNGRD establecen responsabilidades adicionales de congresistas o funcionarios que participaron en determinadas actuaciones, ¿podrían surgir nuevas controversias judiciales sobre decisiones adoptadas durante ese periodo?
Por ahora, afirmar que la reforma pensional se cae automáticamente por el caso Name sería ir más rápido que los propios tribunales.
La reforma, eso sí, parece tener una especial habilidad para mantenerse con un pie en el Congreso, otro en la Corte y el otro —porque ya parece tener tres— en los tribunales.
