El nuevo Gobierno lanzó una acusación que promete convertirse en uno de los capítulos más polémicos del llamado ‘Libro de la Verdad’, documento entregado a la Fiscalía General de la Nación y en el que la administración de Abelardo de la Espriella recopila casos que considera posibles irregularidades de la anterior administración.
Según el documento, el problema no habría sido únicamente dejar a la Fuerza Pública con dificultades presupuestales y operativas. Mientras las Fuerzas Militares hacían cuentas para mantener aeronaves en el aire, los grupos armados ilegales, según las cifras citadas por el informe, habrían estado haciendo cuentas para crecer en hombres y territorio.
El contraste resulta políticamente explosivo: menos capacidad estatal y más músculo criminal. O, dicho en lenguaje menos diplomático, mientras a la Fuerza Pública le tocaba mirar la gasolina, a los ilegales les alcanzaba para seguir llenando el tanque.
El Clan del Golfo duplicó su fuerza
De acuerdo con las cifras incluidas en el documento, el Clan del Golfo habría pasado de aproximadamente 5.500 integrantes en 2022 a cerca de 10.000 en 2025. Su presencia territorial también habría aumentado de 145 a alrededor de 310 municipios.
La organización, según el informe, no solamente habría engordado su estructura, sino que habría ampliado considerablemente su radio de acción.
Y ahí aparece una de las preguntas incómodas: ¿cómo se explica que mientras el Estado habla de recuperar territorios, las organizaciones ilegales parezcan estar haciendo expansión inmobiliaria?
ELN y EMC también crecieron
El documento señala además que el ELN habría aumentado sus integrantes de unos 5.800 en 2022 a 6.800 en 2026, mientras que el Estado Mayor Central (EMC) habría pasado de aproximadamente 3.500 a 4.500 miembros.
Las cifras son presentadas por el actual Gobierno como evidencia de un deterioro de la seguridad durante la administración Petro y como argumento para cuestionar las políticas aplicadas frente a las organizaciones armadas ilegales.
El panorama descrito resulta particularmente preocupante porque el crecimiento de estas estructuras no se habría limitado al número de integrantes. También estaría relacionado con una mayor presencia territorial, capacidad de intimidación y control de economías ilegales.
La paradoja que deja el informe
El Gobierno de De la Espriella sostiene que recibió una Fuerza Pública con dificultades financieras y operacionales, mientras los grupos armados habrían aprovechado ese escenario para fortalecerse.
La oposición seguramente tendrá otra lectura y corresponderá a las autoridades determinar si las cifras, las causas y las responsabilidades planteadas en el documento están respaldadas por evidencia suficiente.
Porque una cosa es la denuncia política y otra la prueba judicial.
Por ahora, el ‘Libro de la Verdad’ deja una imagen difícil de ignorar: si las Fuerzas Militares estaban con las alas cortadas y los grupos armados estaban aumentando sus hombres y territorio, alguien tendrá que explicar quién estaba volando mientras el Estado se quedaba en tierra.
Y ahora que el documento está en manos de la Fiscalía, la verdadera prueba no será política sino judicial: demostrar con documentos, contratos, cifras y evidencias dónde estuvo el hueco, quién lo dejó y quién terminó metiendo la seguridad del país en esa olla que, según el Gobierno, ya llegó raspada.
