La salud financiera de la Nueva EPS parece necesitar una ambulancia: la Procuraduría General de la Nación abrió investigaciones para establecer posibles responsabilidades por las graves irregularidades administrativas y el delicado panorama financiero de la entidad.
La crisis de la Nueva EPS ahora tiene una nueva consulta, pero esta vez no es médica: es judicial y administrativa.
El Ministerio Público decidió poner bajo la lupa a varios exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro y directivos vinculados al manejo de la entidad, luego de advertir un panorama crítico en una EPS que concentra a millones de afiliados en Colombia.
Entre los nombres que aparecen en las actuaciones de la Procuraduría están Guillermo Alfonso Jaramillo, exministro de Salud; Daniel Quintero, exsuperintendente Nacional de Salud; y Jorge Iván Ospina, quien estuvo al frente de la intervención de la Nueva EPS.
La investigación busca establecer si durante sus respectivas actuaciones pudieron presentarse irregularidades administrativas, financieras o de gestión que hayan contribuido al deterioro de la entidad.
Y aquí comienza la parte donde la política y la salud terminan compartiendo diagnóstico: cuando una EPS entra en crisis, los pacientes esperan atención, los médicos esperan pagos y los organismos de control esperan explicaciones.
La Procuraduría tendrá ahora la tarea de determinar qué ocurrió, quién tomó las decisiones y si hubo actuaciones que pudieran comprometer la responsabilidad disciplinaria de los involucrados.
Por ahora, una cosa está clara: la Nueva EPS tiene millones de afiliados, pero también tiene una enorme cantidad de preguntas pendientes.
La lupa quedó puesta sobre quienes tuvieron responsabilidades en su administración y vigilancia.
Porque en materia de salud, cuando las cuentas no cuadran, la factura política tampoco tarda en llegar.
Y esta vez, parece que la Procuraduría decidió tomar el pulso… pero no precisamente para saber si el paciente está estable.
