El 7 de junio de 1925, Cali fue sacudida por un terremoto que dejó una profunda huella en la historia de la ciudad. Ciento un años después, el 10 de agosto de 2026, un sismo de magnitud 7,4 volvió a poner a prueba a la capital del Valle. Esta vez, además de las víctimas y las edificaciones colapsadas, quedó flotando una pregunta incómoda: ¿qué tan preparados estamos y quién está vigilando que se cumplan las normas de construcción sismorresistente?
Eran aproximadamente las 6:45 de la tarde del 7 de junio de 1925 cuando la tierra comenzó a sacudirse con violencia. El terremoto fue considerado uno de los eventos sísmicos más importantes que afectaron a Cali durante el siglo XX. Las estimaciones sobre su magnitud varían según las fuentes, pero se habla de valores cercanos a 6,8 Mw, e incluso superiores en algunas reconstrucciones históricas.
El movimiento provocó daños importantes en edificaciones emblemáticas de la ciudad, entre ellas la Catedral, la Iglesia de La Ermita y el Hotel Francia, además de afectar diferentes poblaciones del suroccidente colombiano.
La historia, sin embargo, parece haberse empeñado en regresar.
El 10 de agosto de 2026, Cali y buena parte del país volvieron a sentir un terremoto de gran intensidad, esta vez con una magnitud reportada de 7,4. El saldo de víctimas, heridos, familias damnificadas y edificaciones afectadas volvió a poner sobre la mesa una discusión que en Colombia parece aparecer después de cada tragedia y desaparecer cuando pasa el susto.
¿Para qué existen las normas si después se caen los edificios?
La pregunta no es si Colombia tiene normas de construcción. Las tiene.
El país cuenta con el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, NSR-10, adoptado mediante el Decreto 926 de 2010, cuyo propósito fundamental es establecer requisitos técnicos para que las edificaciones tengan un comportamiento adecuado frente a los movimientos sísmicos y se reduzca el riesgo de pérdida de vidas humanas.
La norma establece criterios técnicos que abarcan elementos fundamentales de las edificaciones, desde su diseño estructural hasta los sistemas que deben permitirles resistir las fuerzas producidas por un terremoto.
Entonces aparece la pregunta que nadie debería esquivar:
¿El problema está en la norma o en el cumplimiento de la norma?
Porque una cosa es tener reglamentos perfectamente escritos en toneladas de documentos técnicos y otra muy diferente es garantizar que cada edificio, cada vivienda y cada ampliación cumpla realmente con ellos.
Curadores: ¿solo revisan papeles?
En el proceso de construcción intervienen diferentes actores. Las curadurías urbanas tienen entre sus funciones estudiar y expedir licencias urbanísticas, verificando el cumplimiento de las normas aplicables al proyecto.
Pero la existencia de una licencia no significa, por sí sola, que la estructura haya sido sometida posteriormente a una prueba de terremoto.
Y aquí aparece otro eslabón fundamental: el control y seguimiento durante la ejecución de las obras.
¿Quién verifica que lo que se construyó sea exactamente lo que fue aprobado?
¿Quién comprueba que las especificaciones estructurales del proyecto realmente se cumplieron en obra?
¿Quién vigila las modificaciones que aparecen después de obtener la licencia?
¿Quién controla las construcciones informales, las ampliaciones, los cambios de uso y las edificaciones antiguas que fueron levantadas bajo normas diferentes?
Son preguntas técnicas, pero también son preguntas políticas y de responsabilidad pública.
La licencia no puede convertirse en un salvoconducto
El terremoto de 2026 deja una lección que Colombia ya debería haber aprendido hace décadas: la seguridad sísmica no puede quedarse en los planos, las memorias de cálculo y los sellos de una licencia.
Una edificación puede tener licencia y, aun así, la discusión sobre su seguridad no debería terminar cuando se entrega el documento.
Porque el terremoto no pregunta quién firmó los planos, quién otorgó la licencia ni qué administración estaba gobernando. Simplemente llega.
Y cuando llega, la diferencia entre una construcción segura y una vulnerable puede convertirse en una cuestión de vida o muerte.
Por eso, después de esta tragedia, más que buscar culpables de manera apresurada, Colombia necesita una auditoría profunda del sistema de construcción y control urbano: revisar licencias, diseños, supervisión, calidad de materiales, modificaciones posteriores, edificaciones antiguas y capacidad real de las autoridades para hacer cumplir las normas.
101 años después, la tierra vuelve a preguntar
En 1925 la pregunta era cómo reconstruir una ciudad golpeada por un terremoto.
En 2026 la pregunta debería ser mucho más incómoda:
¿Por qué, después de más de un siglo de experiencia sísmica, todavía existen edificaciones que colapsan cuando la tierra decide recordarnos que vivimos sobre un territorio sísmicamente activo?
La historia se repite 101 años después.
La diferencia es que hoy tenemos mejores normas, más conocimiento científico, tecnología, ingenieros especializados, curadurías, autoridades de control y sistemas de prevención.
Lo que falta por demostrar es si también tenemos la capacidad institucional y la voluntad política para hacer que todo eso funcione antes, y no después, de que vuelva a temblar
