A pocos días de concluir el gobierno del presidente Gustavo Petro, una de las últimas decisiones del Ejecutivo vuelve a poner la lupa sobre el bolsillo de los colombianos. El Gobierno expidió el nuevo marco tarifario para el servicio público de aseo, norma que regirá a las empresas prestadoras en municipios y distritos con más de 5.000 suscriptores urbanos.
La resolución fue firmada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, quien actuó como ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio ad hoc y presidente de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
Con esta actualización regulatoria, las empresas prestadoras deberán aplicar las nuevas reglas para la definición de las tarifas del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, un cambio que podría traducirse en incrementos en las facturas de aseo para los usuarios, dependiendo de la aplicación del nuevo esquema y de las condiciones de cada municipio.
El Gobierno sostiene que el nuevo marco busca modernizar el sistema tarifario, fortalecer la sostenibilidad financiera de la prestación del servicio y mejorar la calidad de la recolección de residuos. Sin embargo, diversos sectores advierten que cualquier ajuste que implique mayores costos terminará reflejándose en el recibo que pagan los hogares y establecimientos comerciales.
La medida entra en vigor en un contexto de creciente preocupación por el costo de los servicios públicos, por lo que su implementación será seguida de cerca por alcaldías, empresas prestadoras y organismos de control para determinar el impacto real sobre las finanzas de los usuarios.
Mientras el gobierno saliente defiende la reforma como un ajuste técnico necesario, para muchos ciudadanos representa otra presión sobre la economía familiar, justo cuando esperan un alivio en el costo de vida.
