La investigación contra Nicolás Petro vuelve a sacudir a la Fiscalía. La exfiscal Lucy Laborde aseguró que la entonces fiscal general Luz Adriana Camargo le pidió retirar el delito de lavado de activos de la imputación y sustituirlo por enriquecimiento ilícito. La denuncia abre un nuevo frente de interrogantes sobre la independencia de las investigaciones y el manejo interno del proceso.
El escándalo promete convertirse en otro dolor de cabeza para la Fiscalía. Lucy Laborde, quien estuvo al frente del proceso contra Nicolás Petro, aseguró que recibió instrucciones de la fiscal general Luz Adriana Camargo para sacar del expediente el delito de lavado de activos, una de las acusaciones más graves que enfrentaba el hijo del expresidente Gustavo Petro.
Según el relato de Laborde, la propuesta era reemplazarlo por el delito de enriquecimiento ilícito. La fiscal manifestó que se negó a aceptar esa modificación y que, después de su negativa, comenzó lo que calificó como una serie de presiones, persecuciones y actos de acoso laboral.
Si las afirmaciones son confirmadas por las autoridades competentes, el asunto sería mucho más grave que una simple diferencia jurídica entre funcionarios. Estaría en juego la pregunta de si una investigación penal puede ser modificada por instrucciones superiores cuando el funcionario encargado considera que existen elementos para mantener una determinada acusación.
Y aquí aparece el ingrediente político: el investigado era nada menos que el hijo del entonces presidente de la República.
Laborde también afirmó que se habría filtrado información a la defensa de Nicolás Petro y que existían insistencias para alcanzar un acuerdo que contemplara condiciones especiales de detención.
La denuncia plantea entonces varias preguntas que no pueden despacharse con un comunicado burocrático: ¿quién dio las instrucciones?, ¿por qué se pretendía cambiar el delito?, ¿qué información habría sido filtrada?, ¿quiénes tuvieron acceso a ella y con qué propósito?, y, sobre todo, ¿qué ocurrió después de que la fiscal se negó a seguir esas directrices?
Porque si una fiscal que decide mantener su criterio jurídico termina fuera del camino, la sospecha inevitable es que en la Fiscalía no solo se estaría investigando al investigado: también habría que investigar a quienes investigan.
El caso ahora queda bajo la lupa de los organismos de control y de las autoridades judiciales que correspondan. Las acusaciones de Laborde deberán ser verificadas con pruebas y no pueden convertirse automáticamente en una sentencia contra ningún funcionario.
Pero el escándalo ya dejó una pregunta flotando en el aire: si la justicia debe ser ciega, ¿por qué algunos expedientes parecen necesitar gafas políticas?
La Fiscalía tiene ahora la oportunidad de despejar las dudas. Porque cuando se habla de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, filtraciones y presuntas presiones internas, el problema ya no es solamente qué delito aparece en el papel, sino quién está escribiendo el papel y con qué tinta.
