La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrenta una nueva controversia política por el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 y por iniciativas que cursan en el Congreso.
El debate se centra en una propuesta para trasladar $100.000 millones del presupuesto de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura. La propia jurisdicción advirtió que la medida podría poner en riesgo el funcionamiento del tribunal creado en el marco del Acuerdo Final de Paz.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, llevó la preocupación al escenario internacional y anunció que pondría la situación en conocimiento de organismos como Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
La controversia escaló , cuando el presidente Abelardo De la Espriella respondió a las advertencias de Ramelli y rechazó que las medidas presupuestales representen una estrategia para afectar la independencia o el funcionamiento de la JEP.
El mandatario sostuvo que la asignación presupuestal debe responder a los recursos disponibles, las necesidades del Estado y las prioridades nacionales. También defendió el ajuste como una decisión de responsabilidad fiscal y aseguró que no existe una política de “venganza” contra la jurisdicción.
La JEP, por su parte, sostiene que el traslado de recursos pone en riesgo su funcionamiento. Así, el debate queda planteado entre dos posiciones: la defensa de la autonomía y capacidad operativa del tribunal, y la decisión del Gobierno de reorganizar el gasto público y priorizar recursos para la justicia ordinaria.
La discusión presupuestal de 2027 será, por tanto, un nuevo escenario de confrontación institucional alrededor del futuro de la justicia transicional en Colombia.
