El gobierno de Gustavo Petro terminó dejando una cifra que pone en evidencia la creciente presión sobre el bolsillo de los colombianos: los procesos de insolvencia de personas naturales registraron un incremento del 374 % frente al periodo de gobierno de Iván Duque, según los datos reportados.
La cifra revela una realidad incómoda: cada vez más ciudadanos están teniendo dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras y deben recurrir a mecanismos legales para intentar reorganizar sus deudas o evitar que la situación termine en un colapso económico familiar.
El fenómeno golpea especialmente a los hogares con menor capacidad de ahorro y menor margen para enfrentar el aumento de los gastos. Cuando el ingreso apenas alcanza para cubrir las necesidades básicas, una deuda adicional, la pérdida de empleo o una reducción de los ingresos puede convertirse rápidamente en una bola de nieve financiera.
El aumento de las insolvencias también está generando un nuevo mercado alrededor de la asesoría financiera, la negociación de deudas y la prevención de fraudes. En medio de la angustia, especialistas advierten que quienes buscan una salida a sus problemas económicos pueden convertirse en blanco fácil de personas o empresas que prometen soluciones rápidas y milagrosas.
Más allá de las cifras, el dato abre un debate sobre la situación financiera de los hogares colombianos y sobre las políticas económicas implementadas durante los últimos años.
Porque cuando las cuentas no cuadran, el discurso económico puede sonar muy bonito… pero la factura llega puntual.
