María Claudia Tarazona aseguró que Gustavo Petro y Nicolás Maduro habrían ordenado el asesinato del senador y precandidato presidencial. La denuncia sacude el escenario político y exige una investigación rigurosa para establecer si existen pruebas que la sustenten.
Una acusación de enorme gravedad sacude la política colombiana. María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, afirmó en entrevista exclusiva con Noticias RCN que el presidente Gustavo Petro y el entonces mandatario venezolano Nicolás Maduro habrían dado la orden de asesinar a su esposo, señalando presuntos vínculos con la Segunda Marquetalia.
«El presidente de Colombia y en ese momento el dictador Maduro dio la orden a la Segunda Marquetalia», sostuvo Tarazona, en declaraciones que han provocado reacciones y reclamos de esclarecimiento.
La viuda reconoció el temor que le genera hacer pública esta afirmación, pero explicó que siente una responsabilidad mayor frente a su familia: «Me da miedo decirlo, por supuesto, me da miedo decirlo, pero me da más miedo no tener cómo mirar a los ojos» a su hijo.
Tarazona también señaló presuntas responsabilidades de integrantes del Congreso, particularmente de miembros del partido Comunes, y calificó lo ocurrido como un supuesto «crimen de Estado». Estas afirmaciones constituyen señalamientos que deberán ser examinados por las autoridades y no equivalen, por sí solos, a responsabilidades judicialmente demostradas.
EXIGEN A LA FISCALÍA INVESTIGAR
La controversia escaló hasta el Congreso. Su presidente, Honorio Henríquez, pidió a la fiscal general de la Nación que adelante con la mayor celeridad las investigaciones relacionadas con las denuncias.
«Si resulta alguien del Congreso implicado, tiene que caerle todo el peso de la ley», manifestó Henríquez, quien anunció que radicaría una comunicación oficial ante la Fiscalía para solicitar actuaciones sobre el caso.
UNA DENUNCIA QUE EXIGE RESPUESTAS
Las declaraciones abren interrogantes de máxima importancia sobre los posibles autores intelectuales del asesinato de Miguel Uribe Turbay y las eventuales conexiones políticas o criminales que pudieran existir.
La Fiscalía tendrá la responsabilidad de establecer qué elementos probatorios respaldan los señalamientos, verificar las hipótesis planteadas y determinar si hay personas que deban responder ante la justicia.
En un caso de esta magnitud, la gravedad de las acusaciones exige una investigación independiente, exhaustiva y transparente. La verdad no puede quedar atrapada entre las declaraciones políticas, las sospechas y las disputas de poder: debe establecerse con pruebas y ante la justicia.
