El gobierno de Abelardo De la Espriella prepara una polémica estrategia de seguridad que busca llevar la lucha contra el crimen organizado más allá de las fronteras terrestres: convertir buques oficiales en cárceles transitorias de máxima seguridad en altamar.
La iniciativa, denominada REMAС —Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad—, tendría como propósito trasladar de manera temporal a cerca de 40 internos considerados de alta peligrosidad, con el objetivo de cortar sus comunicaciones con estructuras criminales y evitar que continúen dirigiendo actividades delictivas desde los centros penitenciarios.
Según la propuesta, los reclusos seleccionados serían aquellos sobre los que existan evidencias de que, pese a estar privados de la libertad, mantienen capacidad para impartir órdenes relacionadas con extorsiones, homicidios y operaciones de narcotráfico.
La estrategia parte de una preocupación que durante años ha acompañado al sistema penitenciario colombiano: que algunos cabecillas continúen ejerciendo control sobre organizaciones criminales desde las cárceles mediante comunicaciones con el exterior.
Con el aislamiento marítimo se buscaría dificultar al máximo ese contacto y romper los canales de mando que permiten a determinadas estructuras mantener operaciones criminales mientras sus principales integrantes cumplen condenas o enfrentan procesos judiciales.
La propuesta, sin embargo, abrirá un amplio debate jurídico y operativo. El Gobierno tendría que garantizar que cualquier traslado respete las normas penitenciarias, el debido proceso, los derechos fundamentales de los internos y los estándares nacionales e internacionales aplicables a la privación de la libertad.
De concretarse, REMAS convertiría al mar en una nueva frontera de la política penitenciaria colombiana: cárceles flotantes para delincuentes que, estando tras las rejas, todavía pretenden mover los hilos del crimen en tierra firme
