Carlos Andrés Ríos, director del Dapre, amplió las denuncias sobre la presunta instrumentalización de mujeres mediante contratos de prestación de servicios durante el gobierno de Gustavo Petro. El funcionario pidió investigar no solamente la Presidencia, sino otras entidades del Estado donde también se habrían presentado posibles irregularidades.
El denominado caso de las 48 mujeres suma un nuevo capítulo judicial. Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), compareció el miércoles 18 de noviembre ante la Fiscalía General de la Nación para ampliar las denuncias sobre presuntas irregularidades en la contratación de mujeres durante la administración del expresidente Gustavo Petro.
La diligencia, que se prolongó durante varias horas, tuvo como propósito profundizar en los señalamientos que el funcionario había realizado durante un debate de control político en el Senado, donde aseguró que al menos 48 mujeres habrían sido instrumentalizadas mediante contratos de prestación de servicios (OPS).
Según Ríos, estas vinculaciones contractuales presuntamente habrían sido utilizadas como mecanismo para facilitar encuentros personales con el entonces mandatario. El funcionario sostuvo que algunas mujeres ya habrían entregado información al actual Gobierno sobre lo ocurrido y aseguró que cuenta con elementos probatorios que puso a disposición de los investigadores.
CONTRATOS PÚBLICOS BAJO LA LUPA
A la salida de la Fiscalía, Ríos manifestó que durante la entrevista narró los hechos y entregó información para que el ente acusador adelante las investigaciones correspondientes.
El director del Dapre insistió en que la Fiscalía debe ir más allá de la Casa de Nariño y revisar otras entidades estatales en las que, según sus denuncias, también se habrían asignado contratos a mujeres presuntamente vinculadas a este caso.
El funcionario pidió esclarecer si los recursos públicos y las órdenes de prestación de servicios fueron utilizados para propósitos diferentes a los establecidos en las obligaciones contractuales.
¿Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES?
Ríos cuestionó lo que considera una contradicción entre el discurso de protección de los derechos de las mujeres y los hechos que denuncia.
La controversia abre interrogantes sobre los procesos de contratación, la asignación de funciones, la justificación de los cargos y los posibles responsables de eventuales irregularidades.
Por ahora, las afirmaciones del director del Dapre constituyen señalamientos que deberán ser comprobados por las autoridades. La Fiscalía tendrá que establecer si existieron contratos irregulares, utilización indebida de recursos públicos o conductas que comprometan responsabilidades penales.
PETRO, NUEVAMENTE EN EL CENTRO DE LA CONTROVERSIA
El caso representa un nuevo frente de cuestionamientos sobre la administración anterior y pone bajo escrutinio la utilización de los recursos de la Presidencia.
La gran pregunta es si las investigaciones permitirán establecer quién autorizó las contrataciones, cuáles eran las funciones reales de las personas vinculadas y si existió alguna relación entre los contratos estatales y los hechos denunciados.
Mientras la Fiscalía reúne testimonios y documentos, el país espera respuestas. Porque si se comprueba que la contratación pública fue utilizada para fines particulares, no estaríamos simplemente ante un escándalo político, sino ante un asunto de enorme gravedad institucional.
La Casa de Nariño tiene que ser escenario de gobierno, no de privilegios. Y los contratos públicos deben servir al Estado, no a intereses particulares.




