«También caerás». Suena a título de telenovela, de esas donde el villano sonríe durante cien capítulos y en el último descubre que el libreto también lo tenía reservado para él. Si el guion lo escribiera Gustavo Bolívar, seguramente tendría buena audiencia. Pero, en la política colombiana, ese nombre también podría encabezar el expediente de un proceso judicial.
La revelación hecha por la expresidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara, en entrevista con SEMANA, abre un nuevo capítulo en la ya extensa serie de controversias alrededor de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Según su versión, viajó a Estados Unidos para gestionar la posibilidad de entrevistar a jefes criminales extraditados, entre ellos Otoniel y Pipe Tuluá, con el propósito de obtener información relacionada con las investigaciones sobre la financiación de la campaña presidencial. También aseguró que la Procuraduría la suspendió por esa actuación.
En Colombia, donde la realidad suele competir con la ficción, la frase «también caerás» adquiere un curioso doble sentido. Puede interpretarse como una advertencia política, una promesa de campaña anticorrupción o simplemente como el recordatorio de que, cuando la justicia comienza a mover sus fichas, nadie debería sentirse inmune al efecto dominó.
Porque aquí pasa de todo: los que ayer pedían investigaciones hoy terminan dando explicaciones; quienes se proclamaban jueces de la moral pública descubren que el reflector también ilumina su propia silla. Al final, la justicia —si llega— no distingue entre discursos de izquierda, derecha o centro; solo debería distinguir entre pruebas y responsabilidades.
En Colombia, la política parece una escalera eléctrica: unos suben convencidos de haber llegado al último piso, mientras otros esperan abajo con una frase lista para el siguiente turno: «tranquilo… también caerás.» Eso sí, entre el anuncio y la sentencia hay un largo camino, porque en un Estado de derecho las responsabilidades deben establecerse mediante las investigaciones y las decisiones de las autoridades competentes, no por anticipación mediática
