Una nueva radiografía de las finanzas públicas deja una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿cómo es posible que algunos de los reportados como deudores morosos del Estado terminen, al mismo tiempo, haciendo negocios con el propio Estado?
La Contraloría General de la República reveló que la cartera morosa del Estado llegó a cerca de $165,64 billones, mientras que el Boletín de Deudores Morosos del Estado (Bdme) acumuló 996.611 personas naturales y jurídicas reportadas.
El registro incluye a quienes tienen obligaciones pendientes a favor de entidades públicas superiores a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes y presentan una mora superior a seis meses. Es decir, no se trata simplemente de una factura atrasada o de una obligación recién vencida: son deudas que cumplen condiciones específicas para aparecer en el boletín oficial.
Pero el dato que genera mayor inquietud es otro: entre los reportados en el boletín también aparecen personas y empresas que han contratado con entidades estatales.
La situación plantea un evidente problema de control y seguimiento. Mientras por un lado el Estado intenta recuperar miles de millones —o incluso billones— que le adeudan, por el otro pueden existir procesos de contratación en los que algunos de esos mismos deudores terminan recibiendo recursos públicos.
La pregunta no es menor: si una entidad pública sabe que alguien le debe dinero al Estado, ¿por qué esa misma persona o empresa puede convertirse en contratista y recibir nuevos pagos provenientes del erario?
El asunto no significa automáticamente que todos los contratos celebrados con deudores morosos sean ilegales. Sin embargo, sí abre la puerta para revisar los mecanismos de verificación utilizados antes de contratar, así como los controles para evitar que los recursos públicos terminen financiando a quienes mantienen obligaciones vencidas con el propio Estado.
El informe de la Contraloría pone nuevamente sobre la mesa una vieja paradoja de la administración pública: el Estado tiene memoria para cobrar, pero aparentemente puede tener amnesia cuando se trata de contratar.
Con una cartera morosa cercana a los $165,64 billones, el problema supera ampliamente el terreno contable. Se convierte en un desafío de eficiencia, control y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.
Ahora la lupa queda puesta sobre los contratos: ¿cuánto dinero público terminó en manos de personas o empresas que aparecían reportadas como deudoras morosas del Estado? Esa es la cifra que podría convertir un boletín de morosos en un verdadero boletín de escándalos.
