Arrancó el último periodo ordinario de sesiones del Concejo de Cali en 2026 y los 21 concejales tienen varios asuntos sobre la mesa, pero hay uno que promete quitarles el sueño: la elección del Contralor General de Cali para el periodo 2026-2029.
El proceso llega a esta recta final después de meses de suspensiones, reinicios, controversias jurídicas y advertencias de los organismos de control. La Procuraduría había advertido posibles vicios en la convocatoria, la evaluación de aspirantes y la actuación de la UPTC, lo que llevó a suspender y posteriormente reiniciar etapas del concurso.
Ahora el Concejo tiene una nueva terna integrada por Jesús Mauricio Castañeda González, William Gómez Valencia y Julieth Viviana Morales Restrepo. Los tres avanzan hacia las etapas finales del proceso y, de acuerdo con el cronograma divulgado, serán escuchados en entrevista ante la plenaria el 2 de octubre.
Pero la elección no llega precisamente en aguas tranquilas.
La Fiscalía abrió una investigación relacionada con las decisiones adoptadas durante el accidentado proceso de selección. La presidenta del Concejo, Daniella Plaza, y el primer vicepresidente, Andrés Escobar, fueron inicialmente citados a una audiencia de imputación por presunto prevaricato. Sin embargo, en agosto la Fiscalía retiró esa audiencia y trasladó la investigación a Bogotá para unificar actuaciones relacionadas con el caso.
Y ahí aparece uno de los ingredientes más picantes de esta novela institucional: la Mesa Directiva de 2025 y la de 2026 han quedado bajo cuestionamientos y actuaciones de control por diferentes hechos relacionados con el proceso, mientras que las decisiones adoptadas por la corporación también han sido objeto de controversias judiciales.
La Procuraduría ya había dejado constancia de sus reparos en 2025, al advertir posibles deficiencias en la convocatoria y en la evaluación de aspirantes, además de cuestionar que la universidad contratada hubiera asumido funciones relacionadas con reclamaciones que, según el organismo de control, podían exceder sus competencias.
Por si fuera poco, también existen acciones judiciales relacionadas con el concurso y con algunos de los aspirantes, lo que mantiene el proceso bajo vigilancia jurídica.
Y mientras todo esto ocurre, los 21 concejales deberán hacer algo que parece sencillo, pero que en Cali se ha convertido en una verdadera prueba de resistencia institucional: elegir contralor.
Porque esta vez no solo estará en juego quién ocupará durante cuatro años el despacho encargado de vigilar los recursos públicos de la ciudad. También estará bajo la lupa cómo vota cada concejal, cómo se desarrolla la elección y si finalmente el proceso logra llegar a puerto sin que aparezca otra tormenta jurídica.
El presupuesto de Cali para 2027 tendrá que pasar por el Concejo, pero el verdadero examen político y jurídico parece estar en otro punto del orden del día.
Después de tantos aplazamientos, suspensiones y vueltas de tuerca, el Concejo tiene el balón en su cancha. Ahora falta saber si esta vez habrá elección… o si nuevamente alguien termina pateando el tarro para adelante.
