Mientras Alejandro Eder anda entre escombros, damnificados y reuniones buscando plata para reconstruir a Cali después del terremoto, al alcalde le apareció otro hueco por tapar: un proceso de desacato que podría llevarlo a cinco días de arresto, aunque por ahora la decisión no está en firme.
El asunto comenzó con una actuación promovida por el abogado Élmer Montaña, relacionada con una tutela que exige información sobre convenios celebrados entre la Alcaldía y Propacífico. El Juzgado Décimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali consideró que la respuesta entregada por la Administración no cumplió de manera suficiente con lo solicitado y ordenó la sanción.
Pero en este capítulo hay que leer la letra menuda: Eder no está camino a la cárcel todavía. La decisión de primera instancia debe pasar por el grado de consulta ante un juez civil del circuito, quien tendrá que revisar el expediente y decidir si mantiene o revoca la sanción.
Es decir, por ahora hay desacato, pero no hay arresto ejecutable. El alcalde tiene la sanción encima de la mesa, pero todavía no tiene que hacer maletas para una celda.
Desde la Alcaldía salieron rápidamente a apagar el incendio jurídico. El Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública aseguró que la providencia no está en firme y que no produce efectos inmediatos. También sostuvo que la Administración ha venido recopilando y entregando la documentación requerida y que no ha existido una negativa deliberada a cumplir la orden judicial.
Y mientras tanto, la política caleña vuelve a demostrar que aquí los problemas nunca vienen solos.
Eder tiene por delante la reconstrucción de una ciudad golpeada por un terremoto, la búsqueda de recursos y la atención de los damnificados. Y ahora, como si faltaran escombros, aparece un expediente judicial preguntando por documentos y cumplimiento de una tutela.
Unos están buscando cómo levantar a Cali; otros están buscando cómo bajar al alcalde.
Montaña puso la denuncia sobre la mesa y ahora será la justicia la que tendrá la última palabra. Porque una cosa es pedir cárcel para el alcalde y otra muy diferente es que jurídicamente la cárcel termine siendo la respuesta.
Por ahora, el expediente sigue caminando.
Y en Cali, donde sobran huecos en las calles y faltan recursos para taparlos, al alcalde le salió otro hueco: uno jurídico, que tampoco se tapa con discursos
