Lo que comenzó como un pulso político por la elección del contralor de Cali terminó convirtiéndose en un verdadero puente aéreo judicial. Catorce concejales pasaron de debatir proyectos en el hemiciclo a preparar maletas para responder ante los organismos de control en Bogotá.
La Vice procuraduría General de la Nación decidió asumir la investigación disciplinaria relacionada con la no elección del Contralor de Cali el año pasado, mientras que la Fiscalía General de la Nación tomó las riendas de la investigación penal presentada contra la presidenta del Concejo, Daniela Plaza, y el primer vicepresidente, Andrés Escobar.
El mensaje parece claro: el expediente hizo las maletas y cambió de domicilio. Ahora las explicaciones ya no serán únicamente ante los micrófonos locales, sino en los despachos de la capital.
Y hay un detalle que seguramente no estaba en el presupuesto de varios cabildantes: los pasajes aéreos, los hoteles y los viáticos saldrán del bolsillo de cada uno. Esta vez no habrá comisión oficial, agenda institucional ni recursos públicos que cubran el viaje. Será turismo judicial… con recursos propios.
Más de uno seguramente preferiría estar discutiendo acuerdos municipales que itinerarios de vuelo. Porque una cosa es viajar a Bogotá para gestionar proyectos y otra muy distinta hacerlo con un expediente esperando sobre el escritorio.
Al final, el retraso en la elección del contralor terminó generando un efecto inesperado: el Concejo no eligió contralor, pero sí consiguió varios pasajeros frecuentes hacia Bogotá. Y como dicen popularmente, cuando la investigación cambia de piso, el asunto suele dejar de ser un simple ruido político para convertirse en un caso que exige respuestas.
Eso sí, serán las autoridades competentes las que determinen, en el curso de las investigaciones, si existen o no responsabilidades disciplinarias o penales de los involucrados. Mientras tanto, las millas que acumulen en estos viajes difícilmente podrán canjearse por tranquilidad política.
