En Colombia siempre se ha repetido, entre el sarcasmo y la resignación, que algunos gobernantes llegaron al poder con votos de muertos y hasta con votos desde la cárcel. Pero la política nacional parece empeñada en innovar: ahora el siguiente paso sería legislar desde una celda.
El caso del senador Wadith Manzur reabre un debate que parece sacado de una sátira política. Aunque permanece privado de la libertad por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD, podría posesionarse como congresista mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Conviene hacer una precisión fundamental: Manzur está vinculado a una investigación, pero no ha sido condenado, por lo que mantiene la presunción de inocencia. Sin embargo, esa realidad jurídica no impide que el escenario resulte políticamente incómodo.
La imagen es difícil de ignorar: un congresista asistiendo a sesiones con custodia del INPEC o interviniendo desde un centro de reclusión, mientras millones de colombianos observan cómo la frontera entre el Capitolio y la cárcel parece reducirse a un simple trámite administrativo.
Algunos dirán que es el respeto al debido proceso; otros, que es la mejor representación de un país donde la ficción política siempre termina perdiendo frente a la realidad. Porque en Colombia ya no basta con hablar de «puerta giratoria» entre la política y la justicia; ahora pareciera existir un corredor directo entre el pabellón y el recinto legislativo.
Como suele ocurrir en el país del realismo mágico, la pregunta ya no es si alguien puede llegar del Congreso a la cárcel. La verdadera novedad es si, desde la cárcel, también se puede seguir haciendo leyes. Y visto lo visto, el libreto nacional siempre encuentra una manera de superar cualquier ironía.
