DE LAS URNAS AL BANQUILLO: ALCALDES DE CALI Y GOBERNADORES DEL VALLE QUE LLEGARON COMO SALVADORES Y TERMINARON ENFRENTADOS A LA JUSTICIA
La historia política del Valle del Cauca también está marcada por gobernantes que llegaron al poder respaldados por importantes votaciones, discursos de renovación y expectativas ciudadanas, pero cuyos mandatos terminaron abruptamente entre investigaciones, sanciones disciplinarias, renuncias y condenas judiciales. Una mirada cronológica a los protagonistas de una historia en la que el triunfo electoral no siempre fue garantía de un buen desenlace administrativo.
En la política vallecaucana se han repetido historias que merecen ser examinadas sin apasionamientos. Candidatos que conquistaron las urnas con miles de votos, despertaron entusiasmo entre sus electores y asumieron las alcaldías de Cali o la Gobernación del Valle con la promesa de hacer historia, terminaron protagonizando episodios judiciales y administrativos que marcaron sus carreras políticas.
No todos los casos tuvieron el mismo desenlace ni todas las investigaciones terminaron en condenas penales. Algunos gobernantes fueron sancionados disciplinariamente; otros enfrentaron procesos judiciales y algunos recibieron sentencias condenatorias. Sin embargo, sus historias tienen un elemento común: sus administraciones terminaron lejos de las expectativas con las que llegaron al poder.
1997: MAURICIO GUZMÁN CUEVAS, DE ALCALDE CON RESPALDO POPULAR A PROTAGONISTA DEL PROCESO 8.000
ALCALDÍA DE CALI · 1995–1997
La primera historia de este recorrido tiene como protagonista a Mauricio Guzmán Cuevas, quien llegó a la Alcaldía de Cali el primero de enero de 1995 con 129.039 votos, equivalentes al 54,01 % de la votación, convirtiéndose en uno de los mandatarios locales con importante respaldo electoral de aquella época.
Su administración llegó a tener reconocimiento en distintos sectores de la ciudad. Sin embargo, su nombre terminó relacionado con uno de los mayores escándalos políticos de la historia reciente de Colombia: el Proceso 8.000, que investigó la entrada de dineros del narcotráfico a campañas políticas.
Las investigaciones de la Fiscalía encontraron movimientos financieros provenientes de cuentas vinculadas a los hermanos Rodríguez Orejuela. Según las pruebas judiciales, recursos por aproximadamente 300 millones de pesos llegaron a cuentas de personas cercanas a su campaña y parte de ese dinero terminó financiando su aspiración política.
El desenlace llegó el 27 de agosto de 1997. Guzmán renunció a la Alcaldía y se entregó a las autoridades después de que se dictara una medida de aseguramiento en su contra por enriquecimiento ilícito. En marzo de 1998 fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión, tras acogerse a sentencia anticipada.
Años después, en abril de 2004, la Fiscalía precluyó a su favor otra investigación por presunto peculado y concierto para delinquir. Esta última decisión correspondió a un proceso diferente y no debe confundirse con la condena del Proceso 8.000.
Así terminó una administración que había comenzado con amplio respaldo ciudadano y que quedó marcada por uno de los capítulos más controvertidos de la política caleña.
1999: GUSTAVO ÁLVAREZ GARDEAZÁBAL, EL ESCRITOR QUE CONQUISTÓ LAS URNAS Y TERMINÓ CONDENADO
GOBERNACIÓN DEL VALLE · 1998–1999
El siguiente protagonista fue Gustavo Álvarez Gardeazábal, escritor, intelectual y político tulueño que protagonizó una de las victorias electorales más contundentes de la historia regional.
En las elecciones de 1997 obtuvo 658.953 votos y derrotó ampliamente a Carlos Holguín Sardi, quien alcanzó 301.269 sufragios. Su resultado fue interpretado como un duro golpe a los sectores políticos tradicionales. Llegó a la Gobernación el primero de enero de 1998 con el respaldo de una alianza política que incluía al Partido Liberal, la ASI y el M-19.
Su llegada representaba una figura diferente dentro de la política departamental: un escritor irreverente que había conseguido movilizar a miles de ciudadanos alrededor de su candidatura.
Pero el mandato comenzó a complicarse cuando aparecieron investigaciones relacionadas con dineros provenientes de estructuras empresariales del cartel de Cali.
La Fiscalía investigó transacciones de 1992, entre ellas la venta de una escultura por siete millones de pesos a una persona vinculada con el narcotráfico y la recepción de cheques cuyo origen fue cuestionado por las autoridades.
En mayo de 1999 se ordenó su detención preventiva por enriquecimiento ilícito. El proceso terminó con su salida de la Gobernación en julio de ese año.
En noviembre de 2000 fue condenado a seis años y seis meses de prisión. Gardeazábal siempre defendió que el dinero correspondía a la venta legítima de una obra de arte y sostuvo que su proceso obedecía a una persecución política.
La caída del escritor y exgobernador dejó una pregunta sobre la mesa: ¿cómo una figura que había derrotado electoralmente a los sectores tradicionales terminó enfrentada a uno de los procesos judiciales más sonados de la política vallecaucana?
2007: APOLINAR SALCEDO, EL ALCALDE QUE PROMETÍA GOBERNAR PARA TODOS Y TERMINÓ DESTITUIDO
ALCALDÍA DE CALI · 2004–2007
Apolinar Salcedo Caicedo, conocido popularmente como Polo, llegó a la Alcaldía de Cali para el periodo 2004–2007. Su elección tuvo un significado especial: fue el primer mandatario invidente en ocupar el primer cargo de la capital vallecaucana.
Su triunfo despertó expectativas sobre inclusión, participación y renovación política. Sin embargo, su administración terminó envuelta en cuestionamientos por la contratación del recaudo de los impuestos municipales.
El problema estuvo relacionado con el contrato suscrito con la Unión Temporal Servicios de Impuestos de Cali, conocida como Sí Cali, para la modernización y administración del recaudo tributario.
La Procuraduría encontró irregularidades en el proceso de contratación, entre ellas deficiencias en los estudios previos y compromisos sobre ingresos futuros del municipio sin la debida autorización del Concejo.
El 8 de mayo de 2007, la Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución y una inhabilidad de 14 años para ejercer cargos públicos, según el reporte de la época.
Su salida dejó inconcluso el periodo de gobierno y abrió otro capítulo de controversia sobre la contratación pública en Cali.
El caso de Salcedo dejó claro que la legitimidad electoral y el reconocimiento de una trayectoria personal no eximen a ningún gobernante de responder por las decisiones administrativas que toma desde el poder.
2010: JUAN CARLOS ABADÍA, DEL TRIUNFO ELECTORAL A LA DESTITUCIÓN Y POSTERIOR CONDENA
GOBERNACIÓN DEL VALLE · 2008–2010
Abadía Campo llegó a la Gobernación del Valle del Cauca después de obtener 676.199 votos en las elecciones regionales de octubre de 2007. Su elección representó el ascenso de una nueva generación política que prometía renovación en la administración departamental.
Sin embargo, su permanencia en el cargo terminó mucho antes de finalizar el periodo constitucional.
El primer gran golpe llegó en febrero de 2010, cuando organizó una reunión con 21 alcaldes del departamento y el entonces precandidato presidencial conservador Andrés Felipe Arias, en el corregimiento de Rozo, municipio de Palmira.
La Procuraduría consideró que Abadía había utilizado su posición como gobernador para favorecer una aspiración política, vulnerando las normas constitucionales que prohíben a los funcionarios públicos participar indebidamente en actividades electorales.
El 5 de mayo de 2010 fue destituido e inhabilitado por diez años. La sanción fue confirmada por la Procuraduría el 25 de mayo y posteriormente ratificada por el Consejo de Estado.
Pero aquella no sería la última controversia judicial que enfrentaría el exmandatario.
Años después, su nombre volvió a aparecer en investigaciones por contratación pública. La Corte Suprema de Justicia lo condenó el 7 de febrero de 2024, en primera instancia, a 21 años y siete meses de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado.
El proceso estuvo relacionado con un convenio de cooperación firmado en enero de 2010 entre la Gobernación del Valle y la Fundación Calimío, por valor de 1.072 millones de pesos, destinado a dotar de material bibliográfico a 40 bibliotecas escolares de diez municipios.
La Corte encontró irregularidades en la contratación y determinó que se produjo una apropiación de 817 millones de pesos mediante sobrecostos en la adquisición de los libros.
La condena también contempló una multa superior a los 914 millones de pesos y sanciones de inhabilidad para ejercer funciones públicas.
De esta manera, quien había llegado al Palacio de San Francisco con más de 676.000 votos terminó protagonizando dos capítulos judiciales de enorme trascendencia para la historia política del departamento: su destitución disciplinaria y una posterior condena penal por hechos relacionados con la contratación pública.
EL BALANCE: CUATRO HISTORIAS, UNA MISMA LECCIÓN PARA LA POLÍTICA REGIONAL
Los casos de Mauricio Guzmán Cuevas, Gustavo Álvarez Gardeazábal, Apolinar Salcedo y Juan Carlos Abadía muestran distintos episodios de crisis institucional en Cali y el Valle del Cauca.
| Gobernante | Cargo | Desenlace |
| Mauricio Guzmán | Alcalde de Cali | Renuncia y condena en el Proceso 8.000 |
| Gustavo Álvarez Gardeazábal | Gobernador | Salida del cargo y condena por enriquecimiento ilícito |
| Apolinar Salcedo | Alcalde de Cali | Destitución e inhabilidad disciplinaria |
| Juan Carlos Abadía | Gobernador | Destitución disciplinaria y posterior condena penal |
La reflexión va más allá de los nombres propios. En una democracia, ganar elecciones no significa recibir un cheque en blanco. Los votos entregan una responsabilidad, no una licencia para desconocer la ley ni para administrar los recursos públicos sin controles.
Los ciudadanos eligen gobernantes esperando soluciones para la inseguridad, el desempleo, la movilidad, la infraestructura, la salud y la educación. No votan para terminar siguiendo procesos judiciales, decisiones disciplinarias y explicaciones sobre contratos cuestionados.
La historia política del Valle del Cauca deja una advertencia: los aplausos de una campaña pueden ser pasajeros, pero las decisiones tomadas desde el poder pueden tener consecuencias durante muchos años.
Porque en política algunos llegan a las urnas como héroes, se presentan como salvadores y terminan teniendo que responder ante los organismos de control y la justicia. El verdadero reconocimiento de un gobernante no se mide por los votos que consigue para llegar, sino también por la transparencia con la que ejerce el poder y por la forma en que entrega el mandato.




